Una «jauría humana», que disfrutó «con su sangre y humillación», asesinó a Samuel Luiz

Así de crudo dibujó la fiscal el crimen que en 2021 conmocionó a toda España. La madrugada del 2 al 3 de julio, una turba de jóvenes acabó con la vida del enfermero, de 24 años, que esa noche había salido con una amiga de copas por La Coruña sin meterse con nadie. Serrano, con los cinco acusados sentados en la fila de atrás acompañados de sus abogados, puso énfasis en los marcos espaciales y temporales del crimen: una paliza colectiva de tres minutos que recorrió 170 metros.

En la decimoctava sesión de la vista, que acoge la Audiencia provincial de La Coruña, la fiscal miró a los miembros del tribunal, que tenía enfrente, para pedirles que pensasen en su canción favorita: «Imagínense ahora estar recibiendo golpes, la mayoría en la cabeza, durante todo ese tiempo que dura esa canción en la que están pensando». Por eso, la representante de la Fiscalía les requirió que ahora, que les tocará encajar «todas las piezas del puzle» de lo que sucedió aquella noche para emitir su veredicto, tengan bien presente a la víctima: «Porque lo que le queda a Samuel son ustedes».

Pero más allá de esos habituales artificios un tanto cinematográficos a los que suelen recurrir las partes para encandilar a los tribunales ciudadanos –y de paso buscar un buen titular–, lo fundamental del informe de la fiscal es que, tras un mes de juicio, sigue metiendo a los cinco procesados en el mismo saco. Todos ellos participaron de forma «esencial» en el crimen, cada uno a su manera. «Estamos ante una única agresión grupal», en definición de la fiscal, que protagonizaron al menos siete jóvenes: los cinco que ahora se sientan en el banquillo de la Audiencia provincial, y los dos que ya fueron condenados por el asesinato en un proceso al margen porque eran menores de edad en el momento de los hechos. Todos ellos eran «plenamente conscientes de que con sus actos y golpes había una alta probabilidad de que Samuel falleciese».

La fiscal, y también las acusaciones popular y particular, sostienen esta tesis de la agresión múltiple a partir de las declaraciones de testigos, las imágenes de las cámaras de seguridad, las comparecencias de policías y peritos, y, sobre todo, los informes forenses. La autopsia descartó que durante el linchamiento hubiese un golpe letal, pues quedó claro que Samuel murió por «una suma» puñetazos y patadas. Las pruebas de ADN certificaron, además, que el joven no tuvo opción alguna de defenderse durante «la salvaje cacería» de la que fue víctima.

En consecuencia, Olga Serrano mantiene las peticiones de pena para los cinco acusados en la horquilla de los 22 a los 27 años de cárcel, que ya solicitaba en su escrito de acusación previo al juicio. En ese sentido, la fiscal insiste en considerarlo un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, del que serían partícipes los cinco acusados. En los casos de Diego Montaña y de Catherine Silva, que entonces era su novia, agravado por su supuesta animadversión hacia la orientación sexual de la víctima –esa eleva su pena–. Y en el haber de Kaio Amaral, se le sumaría el delito de robo con fuerza del teléfono móvil de Samuel.

Hasta ahí, sin cambios entre el escrito de acusación inicial y el que ahora tendrá sobre la mesa el jurado. Pero la fiscal, en los casos de Catherine Silva y Alejandro Míguez, los dos únicos procesados que están en libertad provisional, y tal vez los menos asediados por las pruebas, no quiere 'jugársela'. Es decir, poner al jurado en el brete de solo poder elegir entre la absolución o enviarlos dos décadas entre rejas.

Por eso, este jueves Serrano ha introducido una 'tercera vía'. Ha puesto sobre la mesa una calificación subsidiaria que situaría a Míguez y Catherine como «cómplices», en vez de como autores, para poder atar una condena en caso de que los jurados concluyan que su papel en el crimen no fue «esencial». Esa opción B desinflaría sus condenas hasta los 14 y los 13 años de prisión. Eso sí, la fiscal dejó claro a los jurados que ella sigue creyendo que los cinco fueron protagonistas en el linchamiento y todos merecen ser tenidos por autores.

También algunas de las defensas apostaron por desplegar ese colchón de seguridad que suponen las calificaciones alternativas. Lo hicieron, por ejemplo, los abogados de Montaña y Llumba, los más acorralados por las pruebas. Ante la imposibilidad de rebatir que participaron en la agresión, reducen su culpabilidad a delitos de lesiones y homicidio imprudente, que no sumarían más de tres años de prisión. De alternativa, para intentar esquivar la condena por asesinato, el de Montaña pide que imponerle diez años por homicidio 'convencional'.

Siguiendo con los informes finales –las cinco defensas expondrán hoy los suyos–, la fiscal quiso detallar el papel de cada uno de los cinco acusados, supuestos protagonistas del linchamiento de Samuel. Y volvió a tirar de licencias literarias para poner motes a los cinco procesados en base a su personalidad y a su papel en el crimen.

Diego Montaña, «el macho alfa al que todos siguen», fue quien inició la agresión a Samuel a las puertas del pub Andén, en el paseo marítimo de Riazor, al pensar que le estaba grabando con el teléfono móvil. Se abalanzó sobre la víctima tras gritarle «a ver si te voy a matar maricón». Se encontró ADN suyo en la frente de la víctima.

Alejandro Freire, alias 'Llumba', era «el lugarteniente del líder», en definición de la fiscal. Pero mostró «más frialdad» que el 'jefe', y tuvo la 'lucidez' tras el crimen de convocar a todos por Whatsapp para tratar de suscribir «un pacto de silencio»; que, por cierto, en horas saltó por los aires. Por su parte, Catherine Silva, «la dulce niña Kathy», mantenía «una relación [sentimental] tóxica con el macho alfa» y tiene un carácter «agresivo y airado». La fiscal sigue convencida de que intentó evitar que Lina, la amiga que estaba con Samuel, pudiera socorrerlo. Kaio Amaral era «el que se creía el primero de la clase», y la fiscal no duda de que dio al menos una patada a la víctima, además de robarle el móvil. Y, por último, Alejandro Míguez, «el mentiroso», por haber mentido ante la Policía y ante el juez como testigo teniendo la obligación de decir la verdad. «¿Le vamos a creer ahora que tiene derecho a mentir?», se preguntó la fiscal, para contestarse a sí misma. «Pues no», ella tiene claro que Míguez también le pegó.

Los abogados de las acusaciones particular y popular expusieron también ayer sus informes finales, más breves, pero en la misma línea que el de la fiscal. La abogada de la familia no duda de que eran un «grupo agresivo», ante el que Samuel, de 24 años, hizo lo que le recomendaba su padre: «En caso de pelea, irse». La acusación popular puso el acento el ataque homófobo de Diego y tiró de metáfora para suplicar a los miembros del jurado «que pongan luz en esta oscuridad».