Cuatro años de prisión para el 'fogueteiro' que causó la explosión de Tui: «Pido perdón, otra cosa no puedo hacer»

Francisco G. L., responsable de acumular de manera ilegal toneladas de explosivos en el casco urbano de la localidad en la que vivía sin que sus vecinos tuvieran noticias de la existencia de estos almacenes, se enfrentaba a 14 años de cárcel por dos homicidios en grado de tentativa, además de otros delitos. En concreto, el Ministerio Público le imputaba dos muertes imprudentes y 28 acusaciones de lesiones por imprudencia. Además de tres de delitos por dedicarse a la pirotecnia contraviniendo las normas de seguridad establecidas y poner en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o el medio ambiente. En un intento por «pasar página y cerrar un capítulo que ya dura muchos años», los vecinos afectados aceptaron la rebaja de la pena forzando, eso sí, una orden de alejamiento de Francisco G. del lugar que acabó convertido en una auténtica postal de guerra. Además, la acusación logró inhabilitarlo para esta actividad durante los próximos 18 años. Tras reconocer que disponía de hasta tres puntos de almacenamiento ilegal de elementos explosivos con la finalidad de eludir los controles administrativos preceptivos, el acusado reiteró unas disculpas que a los afectados le supieron a poco. Para el presidente de la Asociación de Afectados de Paramos, Salvador García, «ese perdón llega tarde», aunque pesan más las ganas de «zanjar un período muy triste para los vecinos», sostuvo ayer a su salida de la Audiencia provincial de Pontevedra.

La discrepancia ahora se encuentra en si está o no cubierta la responsabilidad civil por parte de Mapfre y si se sujeta al límite de la cantidad pactada con esta aseguradora contratada por el acusado, que era de un millón y medio de euros. Todas las demás aseguradoras se mostraron ayer conformes con las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal y no formulan oposición en cuanto a la responsabilidad penal. La explosión supuso el fallecimiento de dos personas, una pareja marroquí que tenía dos hijos pequeños para los que el fiscal pide una indemnización próxima al medio millón de euros. La Audiencia determinará en la sentencia el alcance de la responsabilidad civil. En ese sentido, además de las víctimas, la Administración también reclama porque adelantó una parte muy importante de los daños cuantificados (unos 9 de los 12 millones estimados).