Fiscalía frente Abogacía: el Estado contra sí mismo

La Abogacía defiende en el procedimiento los intereses de Adif, y lo hace con contundencia. En su escrito de conclusiones consideró que «en la conducta del señor Corabitarte no existe el más mínimo atisbo de negligencia, y mucho menos de una negligencia grave», ya que el directivo «se ajustó a los protocolos y los procedimientos establecidos en la realización de sus funciones». «No hay ninguna duda de que el accidente lo provocó la conducta imprudente y temeraria» del maquinista, y se aferró al argumento de que sí existió «una evaluación explícita de riesgo», llevada a cabo no por Adif sino por la UTE de empresas que construyó la infraestructura.

Ello a pesar de que, para la Abogacía, la agencia europea de ferrocarriles «no tiene claro» qué significa «ese supuesto y fantasmal procedimiento de evaluación integral de riesgo», un concepto que va a ser repetido habitualmente durante el proceso que hoy arranca en la Ciudad de la Cultura.

Detrás de las actuaciones de la Abogacía hay dos nombres propios. Desde el inicio de la instrucción hasta junio de 2018, los escritos tenían detrás a Consuelo Castro, abogada jefe en Galicia, hasta que fue ascendida al puesto de abogada general del Estado. Desde esa fecha, la dirección la ha asumido su sustituto, Javier Suárez, responsable entre otros procedimientos de la demanda civil por la propiedad del Pazo de Meirás, que ganó en primera y segunda instancia.

En el guión de la Fiscalía ha habido, sin embargo, algunos borrones. Los más llamativos llevan la rúbrica del primer responsable del caso, Antonio Roma. Durante los primeros meses, el fiscal secundó los pasos de la Abogacía, rechazando la imputación de los directivos de Adif y centrando su acusación exclusivamente en el maquinista. Se opuso sistemáticamente al grueso de escritos de las acusaciones particulares, lo que llevó a que una asociación de víctimas, en octubre de 2013, tachara su proceder de «sorprendente», reprochándole incluso «una actitud abslutamente pasiva en los interrogatorios que se han practicado a empleados» del ente ferroviario. «Discrepamos frontalmente de la actuación» del Ministerio Público, llegaron a afearle.

Roma se opuso a la pretensión del primer instructor, Luis Aláez, de llamar a declarar a la cúpula de Adif en 2014 y 2014. Y cuando el siguiente juez, Andrés Lago Louro, cerró inicialmente la causa en octubre de 2015 acusando solo al maquinista, la Fiscalía lo aplaudió y se opuso a la práctica de nuevas diligencias, como pedían el grueso de las acusaciones. «Muchos de los recursos formulados plantean la necesidad de analizar hechos que bien ya están investigados o bien no guardan relación causal desde la perspectiva de la técnica penal», afirmó Roma, «el juicio oral es una necesidad y concurren elementos para que pueda desarrollarse con las garantías debidas». El cambio de criterio se produjo en mayo de 2016, después de que la Audiencia Provincial ordenase a Lago Louro reabrir la instrucción y esclarecer si hubo o no análisis de los riesgos de la curva.

En marzo de 2017, el instructor imputaba ya a Cortabitarte. La Fiscalía se sumó a su opinión pero al mismo tiempo pidió rechazar el resto de recursos para centrar la acusación solo en el exdirectivo de Adif y así agilizar la celebración de juicio. «Debe cerrarse la instrucción», sentenciaba en un escrito de abril de ese año. El fiscal Roma no verá el juicio, ya que un mes más tarde se trasladaba a un puesto de coordinación en Iberoamérica. Su papel lo asumió un equipo de fiscales, bajo la dirección del fiscal jefe.

El escrito de acusación lo firma el fiscal Mario Piñeiro, y en sintonía con la instrucción realizada por Lago Louro, él no hay asomo de tibieza respecto a Adif. A su juicio, Cortabitarte «tenía que garantizar que la línea era segura» y «no lo era», pero el trazado «ni se evaluó ni se gestionó» para que un error humano fuera «un riesgo tolerable». «El cambio significativo de velocidad», la integración de la línea de alta velocidad «con la línea convencional, la curva, el exceso de velocidad y el error humano forman un conjunto de riesgo único en esta línea, que la hacen altamente vulnerable y peligrosa ante el fallo humano», afirma el fiscal, «esta fuente de peligro debió ser evitada por el imputado con un deber positivo de actuación, tal como se hizo con posterioridad al accidente». La condena de Cortabitarte es también la del Estado, que habría de asumir el pago de las indemnizaciones, librando de esa carga a la aseguradora.

La Fiscalía, no obstante, acusa.