Archivada una de las piezas asturianas de la 'Operación Pokemon' por falta de indicios y prescripción de la causa

La decisión de la juez de Oviedo coincide con el parecer expresado por la Fiscalía, partidaria también del archivo de la causa, condicionada además por la imposibilidad de continuar con las investigaciones, al haber caducado la prórroga de las mismas que Pilar de Lara solicitó en 2017. En el auto al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada Simonet Quelle Couto pone de manifiesto que en los dos años posteriores a la solicitud de la última extensión «no consta que se hubiera realizado ninguna diligencia de investigación». Es decir, dos años en blanco.

Así, se ha archivado lo relativo a las actuaciones del presunto 'conseguidor' en lo referente a los contratos de limpieza del Ayuntamiento de Tapia de Casariego; las actuaciones en relación con la renovación del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria del Ayuntamiento de Siero; y la instalación del control horario a través de una empresa de seguridad en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, informa Ep. En los tres casos, la magistrada ovetense no ve indicio alguno para considerar que hubo conductas irregulares, ni concertación ilegal entre las partes para beneficiar o adjudicar contratos al margen de la ley.

En el caso de Siero, De Lara daba a entender que se habría presionado a la interventora municipal para que modificara el contenido de un informe. Sin embargo, la juez Quelle se extraña del hecho de que no se le tomara declaración a esta funcionaria, «y ya no cabe hacerlo en este momento», al estar caducada la instrucción.

También ha acordado el juez, a petición de Fiscalía, el sobreseimiento de los hechos relativos a las relaciones entre el investigado y la empresa de seguridad para el servicio de la recogida de basura en ese Ayuntamiento, de Cangas del Narcea, al igual que las actuaciones que tienen que ver con la supuesta relación económica del que fuera vicesecretario de comunicación del PP con la gestión de la sede del PP de San Martín del Rey Aurelio con el grupo Hunosa (y la Fundación Santa Bárbara), la facturación de la web de la candidata del PP en las autonómicas de 2011 y el entramado societario de la empresa de Joaquín Fernández, supuestamente para canalizar dinero. La juez de Oviedo, «más allá de sospechas» sin base, no considera que hubiera ninguna conducta ilegal en la gestión de las empresas.

En esta pieza, el Servicio de Vigilancia Aduanera llegó a rastrear si el investigado se había «inventado» determinados kilometrajes para inflar los gastos por desplazamiento. El montante supuestamente defraudado «no está acreditado que superen los 400 euros, por lo que estaríamos ante un delito leve que estaría prescrito».

El juez ha aceptado, por tanto, el sobreseimiento provisional por no quedar acreditada debidamente la perpetración de los hechos imputados.