Las causas interminables de la juez Pilar de Lara llegan al Consejo de Estado

En la comunicación dirigida al órgano consultivo, el Ministerio –a través de una subdirección de la Secretaría de Estado de Justicia– solicita dictamen y propuesta de resolución para el expediente del político gallego. Se trata de un informe preceptivo, de acuerdo con la legislación del procedimiento administrativo, al tratarse de una reclamación de cantidad superior a los 50.000 euros. Los abogados de Fernando Blanco solicitan una indemnización de 232.528,33 euros. El plazo máximo de que dispondrá el Consejo de Estado para elaborar su propuesta será de nueve meses.

Este es el paso previo del Ministerio a una resolución que se presume favorable a los intereses del exconselleiro de Industria durante la etapa del bipartito, toda vez que cuenta con el reconocimiento explícito del Consejo General del Poder Judicial de que fue víctima del «funcionamiento anormal de la Administración de Justicia». En enero de 2021, la Comisión Permanente del CGPJ censuró las «dilaciones indebidas» que padeció y que le llevaron a estar imputado en una de las piezas de la 'operación Campeón' «por un periodo de siete años (...), duración que en sí misma cabe reputar excesiva para la resolución de una causa criminal, y que vino determinada por la excesiva prolongación de la fase de instrucción, plagada de demoras y retrasos injustificados».

En su reclamación, Blanco detallaba cómo su imputación en el año 2011 «fueron resultado de las declaraciones» de Jorge Dorribo, el principal encausado de la 'Campeón'. Ello, a pesar de que las acusaciones contra él «no se ratificaron ni reforzaron en ningún documento o testimonio durante la instrucción», pese a lo que arrastró durante siete años la condición de investigado por la justicia. A pesar de las sucesivas solicitudes de sobreseimiento de las investigaciones solicitadas a la entonces titular de Instrucción nº1 de Lugo, no fue hasta 2018 cuando la imputación se levantó, y porque así lo decidió la Audiencia Provincial.

La 'Campeón' fue una causa que no inició Pilar de Lara sino la magistrada Estela San José en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital lucense; sin embargo, al abrirse pieza separada referida a Fernando Blanco, esta se turnó en reparto y cayó bajo la competencia del nº 1, cuya titular era precisamente De Lara.

La acusación que sobrevolaba al exconselleiro nacionalista era haber pertenecido a la red de políticos que recibían sobornos de Dorribo a cambio de concederle subvenciones de manera irregular, «delitos especialmente graves y desmerecedores» por haber desempeñado precisamente cargos públicos de relevancia autonómica. Esta imputación, además de generar «un daño moral por lesión del derecho al honor y a la dignidad» frenó su carrera política, ya que todo apuntaba a que abandonaría el Parlamento de Galicia para engrosar las listas del BNG al Senado por la provincia de Lugo.

«He estado inhabilitado ocho años», denunció Blanco públicamente en 2018, tras recibir el sobreseimiento de la Audiencia Provincial, «esta es una justicia que llega tarde». Sus abogados –Xoan Antón Pérez-Lema y Evaristo Nogueira– denunciaron que su cliente y su familia habían sido víctimas de una causa general, una investigación prospectiva por parte de la juez en busca de algún elemento, el que fuera, sobre el que construir la acusación.

«Hemos estado constantemente practicando pruebas para demostrar la inocencia, y cuando las practicábamos se nos pedía otra y otra», manifestó Nogueira en su día. «De mí han hecho informes Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria, la Policía... se le pudo pedir uno también al FBI», ironizaba Blanco. Su pecado fue haber ganado un premio de la lotería, cantidad sobre la que recayeron todas las sospechas de Pilar de Lara.

El reproche de las instrucciones que se convierten en causas generales contra los investigados es habitual en la mayoría de los autos de instancias superiores que han revertido en los últimos años decisiones judiciales de la juez De Lara. Estas investigaciones prospectivas las sufrieron el exalcalde de Lugo, José López Orozco, y el exlíder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ambos en el marco de distintas piezas separadas de la 'operación Pokemon'.