Silva amenaza con denuncias tras el fallo por el enchufe de su cuñada

La presidenta de la Diputación de Pontevedra —que hoy no acudirá al pleno extraordinario forzado por el PP para abordar el caso del enchufe tras conocerse la sentencia— se refugia en que el fallo judicial no la señala ni a ella ni a Santos Héctor, el concejal del que dependía el funcionario condenado. En su opinión, que la portavoz popular Elena Muñoz instara a la convocatoria del pleno para exigirle «responsabilidades políticas» conculca «sus derechos fundamentales».

Y aunque ella no estará durante la sesión, advirtió que pedirá copia de las intervenciones que se realicen para incorporarlas a la querella que anunció ayer contra Muñoz. «La política no se puede convertir en un vertedero, y saltarse todos los límites» , apostilló con solemnidad Silva, teniente de alcalde en Vigo y mujer fuerte del gobierno de Abel Caballero cuando la concesionaria Imesapi contrató a Vanesa Falque, su cuñada, a dedo y a través de un entramado de facturas falsas ideado desde el propio Concello.

La lectura que Carmela Silva hace de la sentencia condenatoria al alto funcionario del Concello y al empresario de la concesionaria es sesgada. Porque el tribunal no consideró «una casualidad» que Falque, «con una estrecha relación familiar con una persona con una importante responsabilidad política en el Concello de Vigo» —en referencia a Silva— acabara siendo beneficiaria «de una contratación más que irregular» y que «no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida». Sin embargo, no se pudo probar durante la instrucción que el funcionario Gutiérrez Orúe siguiera órdenes políticas de nadie del gobierno local, por lo que este extremo no llegó a juzgarse. Una de las incógnitas de la sentencia es quién sugirió la contratación de Falque, ya que ninguno de los acusados supo (o quiso) señalar a responsable político alguno.

Las amenazas de Carmela Silva son, para la popular Elena Muñoz, un síntoma del «nerviosismo» de la presidenta de la Diputación por la «demoledora sentencia» que dictó el pasado 11 de febrero la Audiencia Provincial. «Ha perdido los papeles, e intenta amenazar porque está desesperada y no quiere que se hable de este tema . Por eso amenaza con una denuncia, que no nos preocupa nada», replicó la portavoz del PP en el Concello de Vigo y la Diputación, «si quiere amedrentarnos, no lo va a conseguir, no nos vamos a callar».

Lejos de cesar en su crítica, los populares vigueses solicitaron ayer por registro en el Concello el listado nominal de empleados de las concesionarias que trabajan para el Ayuntamiento de Vigo, así como los nombramientos de personal interino, «para saber si hay más cuñados, sobrinos, tíos o primos de miembros del gobierno municipal o del PSOE», informa Ep. En su día, el exalcalde socialista Carlos Príncipe llegó a señalar a 21 personas contratadas por distintas administraciones socialistas del área de Vigo vinculadas familiarmente con cargos del PSOE local. De aquella denuncia surgió el «caso cuñada».