El «caso cuñada» se resuelve con prisión para los dos acusados

Al primero, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, los magistrados le imponen cinco años y tres meses de prisión ; al segundo, el empresario Ramón Comesaña, una más benévola pena un año y nueve meses, al aplicarle la atenuante de colaboración. Ambos vieron a su vez rebajadas sus condenas por las dilaciones indebidas, fruto de la huelga de la justicia del pasado año y las bajas médicas de Falque que retrasaron la celebración del juicio.

El tribunal no considera «una casualidad» que Falque , «con una estrecha relación familiar con una persona con una importante responsabilidad política en el Concello de Vigo» —en referencia a Carmela Silva— acabara siendo beneficiaria «de una contratación más que irregular» y que «no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida». Sin embargo, no se pudo probar en la instrucción que Orúe siguiera órdenes políticas de nadie del gobierno local, por lo que este extremo no llegó a juzgarse.

Los magistrados de la Sección Quinta —con sede en Vigo— no ocultan en la sentencia —dictada el pasado 11 de febrero y a la que tuvo acceso este periódico— su sorpresa ante el hecho de que «ninguno de los acusados (...) pudiera decir por qué se recurrió a esta persona» , precisamente cuando el contenido de diversos correos electrónicos «deja traslucir, cuando menos, un particular interés por Vanesa».

El fallo también considera probado que Falque no realizó las encuestas telefónicas para las que fue contratada por la concesionaria , ya que, entre otras cosas, «no tenía ni idea» de los programas de ofimática para elaborar los informes posteriores. Esos informes existieron, pero ni siquiera después del juicio el tribunal sabe quién los hizo.

«La contratación de la señora Falque fue una mera simulación o ficción, organizada por Orúe y con la participación de Comesaña , facilitando este la cobertura de su empresa y la expedición de una facturas falsas, para asegurar una retribución indebida» a la cuñada, que declaró en el juicio como testigo al haber prescrito el delito de tráfico de influencias que se le imputó en un primer momento.

Tras conocerse la sentencia, el PP de Vigo exigió a través de un comunicado que tanto Carmela Silva como Santos Héctor —concejal del que dependía Orúe— dimitan de sus cargos . «Al margen de las responsabilidades judiciales, en este caso existen responsabilidades políticas palmarias y evidentes», e instó a Abel Caballero a «exigir esa dimisión de forma inmediata para intentar mantener la honorabilidad de su gobierno y la suya propia».