El fiscal general estalla contra las críticas a su silencio frente a la amnistía: «No soy un comentarista de la actualidad política o judicial»

En lo que se interpreta como una respuesta a quienes le han criticado por su silencio en cuestiones como la amnistía o el «lawfare», García Ortiz ha sostenido que «nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad», una máxima que la Sala Tercera del Supremo le recordó cuando hace unos meses le acusó de desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

«No pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial. Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico. Si el fiscal general abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional».

El fiscal general, en cuyas manos estará la aplicación de la ley de amnistía cuando sea aprobada, ha hecho un llamamiento a la lealtad institucional. «Los poderes públicos también están limitados a ejercerse dentro del marco de sus competencias, enmarcadas todas ellas en el postulado constitucional más primigenio: el respeto a la soberanía nacional que reside en el pueblo y del que emanan todos los poderes del Estado».

Quien quiera contribuir en este proyecto tendrá su espacio, pero quien espere encontrar en la Fiscalía un lugar para su mera proyección personalista, para lograr otros fines que no sean la custodia de la Ley y el Derecho o la satisfacción del interés social, quien busque otros réditos que no sean profesionales y en provecho de la institución, no tendrá cabida en este renovado camino que hoy empieza.

En su discurso, García Ortiz ha anunciado que la en esta nueva etapa impulsará una batería de circulares e instrucciones para unificar criterios y promover la persecución de determinados fenómenos criminales. Y en este contexto ha avanzado que una de ellas tendrá que ver con el esclarecimiento de los delitos contra la Administración Pública. «Un conjunto de doctrina vinculante respecto de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios».

El fiscal general, elegido por el Gobierno de nuevo para el cargo, ha tomado posesión esta mañana en el salón de plenos del Tribunal Supremo bajo la presidencia de Francisco Marín Castán y en presencia de una nutrida representación de la alta magistratura, fiscales y representantes políticos, entre ellos el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

García Ortiz repite en el puesto sin haber superado el filtro de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial aunque bien es verdad que en el caso de su antecesora, la exministra Dolores Delgado el órgano de gobierno de los jueces se había limitado solo a valorar el cumplimiento de los requisitos legales para ostentar el cargo. Entre los motivos que llevaron a los vocales a rechazar la propuesta del Gobierno (por un ajustado ocho-siete) estaba la sentencia del Tribunal Supremo que apenas unos días antes vio una «visible e innegable desviación de poder» en su decisión de ascender a primera categoría a Delgado, su exjefa.