El Supremo rastrea bienes, cuentas y sociedades de Ábalos y llama a declarar como testigo a su hijo

Éste último, según los primeros informes policiales de la causa y su declaración en sede judicial, habría pagado a Ábalos un piso en La Alcaidesa (Cádiz), habría costeado la vivienda de su pareja extramatrimonial, Jessica Rodríguez, en el centro de Madrid y habría hecho entregas de dinero en efectivo tanto a él como a su asesor a cambio de recibir un trato de favor del Ministerio de Transportes en cuanto a adjudicaciones, tanto en los contratos de material sanitario durante la pandemia como en otras licitaciones de obra pública. Ábalos estuvo entre 2020 y 2021 al frente de Transportes y previamente, entre 2018 y 2020, fue ministro de Fomento.

Una vez se ha levantado la inmunidad que protegía al aforado, gracias a la tramitación de la petición que el magistrado envió a la Cámara Baja -el conocido suplicatorio-, Puente ordenó este martes una amplia batería de diligencias, entre ellas un informe patrimonial sobre Ábalos y su hijo, Víctor, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, «a la mayor brevedad posible», que contenga información sobre los bienes inmuebles de ambos, sus cuentas y sociedades.

El instructor también citó hasta a 17 testigos que tendrán que acudir al Alto Tribunal entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Uno de ellos es Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está citado el próximo 4 de marzo, a las 10.30 horas.

Sobre él, Aldama afirmó en su declaración como investigado que le habría entregado, por medio de Koldo García, un sobre con 25.000 euros a cambio de ayudarle a solucionar el aplazamiento de la deuda de una de sus sociedades, así como que antes de dicha petición, Moreno le habría consultado sobre oportunidades inmobiliarias para él y su pareja.

Además de Moreno, el juez también citó a testificar a Jesús Manuel Gómez García, exsubsecretario del Ministerio de Transportes; a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras; a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; a Jessica Rodríguez o al hijo de Ábalos, así como a distintos empresarios, entre ellos Carmen Pano, la mujer que afirmó haber llevado 90.000 euros en bolsas de plástico por petición de Aldama a la sede del PSOE de la calle Ferraz y que está investigada en la causa del presunto fraude de hidrocarburos de la Audiencia Nacional por la que Aldama entró en prisión provisional.

Otra de las diligencias que el magistrado instructor ordenó este martes a la UCO fue un informe sobre las comunicaciones entre los tres principales investigados, Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, en los móviles requisados hasta el momento, así como que se coteje «la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, el Sr. Aldama con los señores José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo».

Tanto en la Audiencia Nacional -como investigado en el caso Koldo- como en el Tribunal Supremo, una vez la investigación de la presunta trama de corrupción se extendió al exministro Ábalos, el empresario Víctor de Aldama aseguró haber pagado 15.000 euros en efectivo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para que no se molestara porque, según le había trasladado Koldo García, sus empresas estaban entrando en territorio del norte donde él tenía su «cupo» de adjudicaciones por las que, deslizó, también se llevaría comisiones irregulares.

El juez pidió rastrear los móviles de todos los implicados en busca de comunicaciones con Santos Cerdán, así como con el actual ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. Sobre él, Aldama afirmó que habría costeado pisos en Madrid para que acudiera, igual que Ábalos, acompañado de «señoritas». Algo que el político canario negó rotundamente, avisando de acciones legales contra el empresario.

Pues bien, el juez pidió este martes a Aldama que «aporte, en un plazo de diez días, la relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban don Ángel Víctor Torres y/o don Koldo García Izaguirre y don José Luis Ábalos en Madrid, fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. Y para que indique también si hubo algún pago a las «señoritas» a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó».

Por otro lado, el instructor Puente solicitó una prueba caligráfica de Koldo García para confirmar si su letra se corresponde con las anotaciones de los documentos sobre concesión de obra pública aportados por Aldama. Especificó que deberá ser un perito calígrafo quien «elaborará al respecto el correspondiente informe».

La prueba consistirá en pedir al exasesor de Ábalos que escriba en un papel un cuerpo de texto y también estampe su firma.

En cuanto a Jessica Rodríguez, el juez ya dejó caer en uno de los primeros autos de la causa que tendría que llamarla para testificar más adelante. Puente la citó para el próximo 27 de febrero, a las 10 horas.

Solicitó a la empresa dependiente del Ministerio de Transportes, Ineco, y a la semipública Tragsatec que indique quiénes contrataron a la pareja de Ábalos en éstas. También pidió al Ministerio de Transportes que informe acerca de los viajes oficiales, tanto dentro de España como hacia el extranjero, en los que, entre los meses de noviembre de 2018 a diciembre de 2022, Rodríguez pudo acompañar a Ábalos, así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de su presencia en dichos viajes.