El juez descarta devolver a Aldama a prisión por el fraude de hidrocarburos

En un auto al que tuvo acceso ABC, el instructor razona que «con lo alegado en el escrito o con lo actuado hasta ahora en la presente causa, no hay base para considerar existan nuevos datos o hechos relevantes» que justifiquen, como establece la legislación, revisar las cautelares.

«Desde luego no lo son las entrevistas o comparecencias públicas que haya podido realizar el investigado, lo acontecido en el Tribunal Supremo o en el Senado, pues son cuestiones que no afectan a esta causa. Los «ataques» al PSOE o a otras personas, como si el Sr. Aldama colabore o deje de colaborar en otras causas, no suponen, por tanto, hecho nuevo alguno», señala Pedraz.

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Isabel Vega

El PSOE sostenía que Aldama presentaba un perfil de riesgo de destrucción de pruebas porque la Guardia Civil, en uno de sus atestados, había puesto de manifiesto cómo poco después de salir en libertad el pasado mes de noviembre fue a visitar en Calatayud a una persona de su entera confianza, el también investigado Alberto Escolano, que le estaría custodiando documentación sensible. La UCO de hecho, está buscando un sobre que le guardaba y que no apareció en los registros, como informó ABC.

Sobre esto, el magistrado señala que pese a lo alegado, «no puede seguirse que el investigado siga en la reiteración del delito o que oculte pruebas». «El hecho de reunirse con otro u otros investigados desde luego no lo es (no hay medida que se haya acordado al efecto), aparte que en el atestado tan solo se significa que pudiera (ser) el retorno de documentación y que luego no se encontró», subraya.

En su opinión, «obviamente no puede deducirse, a falta de otros datos, que se estuvieran ocultando pruebas», sobre todo porque el PSOE deja de transcribir un fragmento de ese mismo informe de la UCO que no se refiere a Víctor de Aldama, sino a otro investigado.

Aldama ya había reaccionado por su cuenta a esa petición del PSOE con un escrito al juzgado en el que aportaba un whatsapp que envió en 2020 al jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, Carlos Moreno, con los datos de una sociedad que necesitaba aplazar una deuda con la Agencia Tributaria. Trataba así de rebatir que su colaboración fuese falaz, pues en su día lo que declaró que entregó 25.000 euros a este alto cargo para agradecerle el favor de aquel aplazamiento y ese mensaje profundizaría en su relato. El escrito apuntaba además al PSOE por un posible delito de coacciones por pedir prisión cuando está declarando contra varios de sus integrantes.