«Estamos enfadados, pero son solo un puñado de casos de corrupción»

«El rosario de casos que sufrimos afecta de distinto modo -explican fuentes de la Guardia Civil-. Los más veteranos, que han vivido épocas tan duras como las del exdirector general, Luis Roldán, transmiten calma porque saben que es una situación pasajera y la Benemérita sigue siendo una de las instituciones más valoradas. Pero otros están muy tocados. Nos afecta, claro; y mucho».

«Ser portada cada día por este tipo de asuntos molesta e incide en la moral de la gente, y por tanto en el trabajo. Mirábamos lo que le pasaba a la Policía con otros asuntos, como el de Villarejo, y pensábamos que a nosotros no nos podía pasar... Nos equivocábamos», explica otro mando de la Benemérita, con muchos años de servicio, que no obstante matiza: «La gravedad de los hechos conocidos no es comparable a otros que afectan a Fuerzas de Seguridad».

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Pablo Muñoz

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La parte 'buena', si es que la hay, es que todos los casos, salvo el de la exdirectora general, María Gámez, que no le afectaba en primera persona sino a través de su marido, han sido descubiertos por el Servicio de Asuntos Internos de la propia Guardia Civil. Es decir; el propio Cuerpo detecta y depura a los corruptos. A cambio, nadie entiende cómo un general de división o un teniente general han llegado a la cúpula del Instituto Armado sin que nadie se hubiera percatado de sus presuntas 'debilidades'.

«Son media docena de casos, y los controles internos funcionan, porque la Unidad de Asuntos Internos es implacable; no mira quién es el afectado sino que investiga los hechos hasta el final», explica a ABC otro mando de la Benemérita. «Es imposible -añade- que en un colectivo tan grande no haya algunas manzanas podridas. Lo que sucede ahora es que los casos se han acumulado en poco tiempo y que el despliegue mediático que han provocado ha sido muy importante, lo que siempre alimenta la alarma social».

Pero en la Guardia Civil se hacen distinciones. Las opiniones más duras las reciben los dos generales supuestamente implicados en asuntos corrupción, el general de división Francisco Espinosa en el 'caso Mediador' y el teniente general Pedro Vázquez Jarava, en 'Cuarteles'. Al primero, que sigue en prisión, le reprochan incluso lo 'cutre' de sus actitudes; sobre el segundo se descarga la máxima responsabilidad en las obras contratadas por las comandancias, porque la opinión mayoritaria es que los jefes de las mistas actuaron a instancias suyas.

En cuanto al caso del teniente coronel Oliva, investigado por la Audiencia Nacional por revelación de secretos y cohecho, y que debe presentarse cada mes en el juzgado, hay prudencia, «porque no conocemos aún si ha tenido actuaciones corruptas o es víctima de su lucha implacable contra el tráfíco de drogas. Hay que dejar trabajar a la justicia».

Donde también hay división de opiniones es en la reacción de la cúpula de la Guardia Civil a la dimisión de María Gámez como directora general después de que su marido fuera imputado en un caso de corrupción de la Junta de Andalucía. Esa fotografía de cuatro tenientes generales arropándola cuando anunció su decisión ha sido criticada internamente por algunos y defendida por otros.

«Fue una reacción espontánea, de mostrar cercanía con la que había sido su jefa, que además no está implicada en caso de corrupción alguno», sostienen estos últimos; «fue inoportuna e innecesaria, no calibraron bien las consecuencias de su gesto, porque se pudo enviar un mensaje de cercanía a las tesis del Gobierno y, por tanto, una alineación política indeseable con el Ejecutivo», sostienen los otros.

En lo que todos coinciden, y muestran su incomodidad por ello, es que todos estos acontecimientos han sido utilizados para sacar rédito político. «No es casual que se llegara a cambiar el objetivo de la comisión de investigación y en lugar de centrarse en el asunto de 'Tito Berni', que afecta al PSOE, se focalice en las obras de las comandancias». Incluso, los socios secesionistas del Gobierno aprovecharon la comparecencia en el Congreso del teniente general y jefe del Mando de Apoyo, Arturo Espejo, para acusarle de estar «implicado implicado en la muerte de Mikel Zabalza», fallecido en 1985 en el cuartel de Intxaurrondo tras, presuntamente, ser torturado.