La juez del caso Cuarteles acota el peritaje a 116 obras en dos años por 2,1 millones de euros

El diagnóstico, que hacen distintas fuentes policiales y judiciales consultadas por ABC, también parece compartirlo la juez de Plaza de Castilla (Madrid) encargada de instruir las diligencias del caso Cuarteles. Al menos, esa es la conclusión que se deduce de las últimas decisiones de la magistrada. Según ha podido saber este periódico, la encargada de la investigación ha delimitado el alcance de la misma a 116 obras, por un monto de 2,1 millones de euros. Hasta ahora los contratos analizados tenían un importe global de 3,3 millones, pero la magistrada ha considerado, a raíz de las pesquisas realizadas, que buena parte de ellos deben quedar fuera del objeto de la investigación porque no responden a la mecánica de la trama corrupta.

La instructora ha tomado esta decisión, siempre según las fuentes consultadas, porque quiere ceñir el periodo de investigación a 2016 y 2017, el tiempo en el que el teniente general Pedro Vázquez Jarava estuvo al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Benemérita. Es cierto que el constructor Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', contrató obras con la Guardia Civil antes, sobre todo en Tenerife, pero también que fue en esos dos años, que coinciden con el nombramiento de Jarava, cuando las contrataciones se dispararon. Hasta que este llega a la Jefatura de Apoyo, las contrataciones con ese empresario eran razonables, pero desde ese momento se disparan, lo que apoyaría la decisión de la magistrada.

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Mon tenía varias empresas. Para ocultar los trapicheos presentaba hasta tres presupuestos distintos, de modo que la apariencia era que había una libre competencia.

Las fuentes consultadas por ABC explican que «no se puede sostener que existiera una trama corrupta dentro de la Guardia Civil». Es más, muestran su preocupación porque en este caso pueden salir perjudicados jefes de comandancia que en ningún caso fueron beneficiados por las obras que contrataron, en principio de buena fe.

«Si un jefe de comandancia recibe la llamada del teniente general de Apoyo, que es el que le tiene que liberar fondos para hacer las clásicas 'ñapas' de mantenimiento que se necesitan en los acuartelamientos, y además le dice que hay un constructor que funciona muy bien y que es de toda confianza, ¿tiene alguna responsabilidad en contratarlo, cuando estamos hablando de unas cantidades siempre inferiores a 48.000 euros?», se pregunta un alto mando de la Guardia Civil, preocupado porque el caso Cuarteles se lleve por delante la carrera de un buen número de compañeros capaces, preparados y de una honradez total.

El problema es que ese jefe de comandancia, ajeno a cualquier práctica corrupta, haya firmado como recibida una obra no realizada «bien porque el teniente general se lo haya dicho, o porque por la confianza que le merecía la recomendación de su mando haya aceptado hacerlo con la promesa del empresario de que 'muy pronto' se solventaría el tema».

El primero y más evidente de los delitos a los que se podrían enfrentar estos mandos sería el de falsedad documental; el problema es que de forma habitual viene acompañado de otros como prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Altos mandos del Instituto Armado admiten, en cualquier caso, que una llamada de un teniente general para recomendar a un constructor determinado es anómala: «Las comandancias de la Guardia Civil, por norma general, contratan con empresas de su ámbito territorial», una regla no escrita que Vázquez Jarava, a tenor de las investigaciones, no respetaba. «Siempre se pide presupuesto a gente de la zona», añaden, porque además eso sirve para estrechar aún más los lazos entre la Benemérita y los agentes económicos de sus demarcaciones.

Lo ocurrido con el caso Cuarteles, por lo demás, va a afectar al funcionamiento de la Guardia Civil. «Nos vamos a tentar mucho más la ropa y esa parte no está mal. A cambio, para que un mando ponga su firma en un documento va a ser necesario tener encima de la mesa garantías totales».