Las diez fallas del retorno de menores desde Ceuta que cercan al Gobierno

Se cumplían tres meses de aquello y se contaban aún 758 de esos menores en Ceuta. Se adoptó entonces lo que se antojaba como una vía eficaz para deshacer el entuerto. Con la premisa de que donde está mejor un niño extranjero es en su país y con su familia, se desplegó un convenio bilateral con Marruecos del que sólo se aplicaría el artículo según el cual, ambos países «colaborarán» en el retorno de los niños que se cuelen en nuestro territorio. Se expulsaron 55 chicos, de 15 en 15, por la frontera de El Tarajal. Debían ser 145, pero Marruecos dijo que sólo aceptaba una quincena diaria y no fueron más de cuatro días porque las ONG, en lo que la Fiscalía abría diligencias, llevaron la situación a un juez que ordenó de inmediato parar máquinas. Las deportaciones no tenían garantías.

Después de que la jurisdicción contenciosa condenase a la Administración a traer de vuelta a aquellos 55 –no consta que se haya hecho–, un juzgado de instrucción de Ceuta investiga responsabilidades penales. La delegada del Gobierno, Carmen Mateos; y la vicepresidenta del Ejecutivo ceutí, Isabel Deu, están investigadas por una presunta prevaricación administrativa en la que habrían incurrido empujando esas repatriaciones a sabiendas de su ilegalidad. Entre los indicios, los avisos que dieron las ONG que tutelaban a los propios chicos y la jefa del Área de Menores que los tenía bajo su tutela. Llegó a pedir amparo a la Fiscalía al ver lo que estaban haciendo: diez incumplimientos de la legislación que enumeró el fiscal en su denuncia y se han vuelto contra ellas.

La primera irregularidad es que «en ningún caso se acordó por la Delegada del Gobierno la incoación del preceptivo procedimiento de repatriación respecto a ninguno de los menores ni se constató que el interés superior del menor se satisfacía». Es una previsión que impone la legislación de Extranjería, que fija un procedimiento individualizado. De los menores expulsados lo único que consta en las actuaciones es la filiación que hizo la Policía Nacional: un nombre, un número de identidad en algunos casos y la fecha de nacimiento alegada. Se elaboró un listado con 145 menores y se ordenó por edades, de mayor a menor.

«No se recabó en ningún caso, a través de la Consejería General de Extranjería y Fronteras o de cualquier otra entidad, el preceptivo informe de la representación diplomática del país de origen» que debe identificar a los menores y la situación de sus familias.

Sin este paso, no se puede averiguar efectivamente si el chico es quien dice ser y si su interés superior pasa por la reagrupación o el centro de acogida en el país de origen. Es ir a ciegas. Mateos, como Deu, alegaron que de este asunto se encargaban las autoridades marroquíes, que les habían dado «garantías». No constan por escrito.

La delegada del Gobierno refirió a una persona a la que sólo identificó como «jefe de gabinete de Rincón», como la autoridad marroquí que le había asegurado que se identificaría a los menores y se les reagruparía con sus familias pasando por un centro de una entidad alauí. Constan en la causa testimonios que apuntan que al otro lado de la valla, Marruecos iba identificando a los retornados con la filiación que alegaban. Así descubrieron que cinco eran adultos, que se quedaron allí igualmente. Ese día, Ceuta entregó a 20 personas en lugar de las 15 pactadas.

«Tampoco se requirió a las entidades que tenían asumida la tutela (...) información acerca de la situación de los menores», apunta la Fiscalía, que afea igualmente la ausencia del informe del órgano responsable de los menores, así como la falta de su propia valoración, la que ha de emitir el Ministerio Público sobre cada uno de los casos. Estos tres pasos son preceptivos por ley.

Aquí, la pelota cambia de tejado. La delegada del Gobierno dice que es competencia de Ceuta y que daba por sentado que se había hecho esa valoración previa de la vulnerabilidad porque para eso la ciudad autónoma había contratado de emergencia a varias entidades. La vicepresidenta ceutí lo que alega es que ese trabajo se había hecho porque a ella le constaba que los chicos no eran vulnerables. El caso es que ninguna de las dos ha visto, leído o manejado informe alguno al respecto.

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Además, la jefa del Área de Menores dijo a la Fiscalía que «en modo alguno» habían intervenido ella o las ONG en la repatriación. Y la entidad a cuyo cargo estaban los 55 expulsados, Fundación SAMU, hizo un informe para ella cuando el dispositivo se presentó a recoger a los chicos: «Nos preocupa la cantidad de vulnerabilidades que presentan estos menores», alertaba.

En cuanto a la intervención de la Fiscalía, se le remitieron desde el primer día los listados de los menores con el anuncio de que serían repatriados. Constan por ejemplo, los emails con las listas que remitió la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior a la Fiscalía General del Estado, el primero, del 12 de agosto. Sólo contenían los nombres, no los expedientes de los niños que los fiscales tendrían que haber revisado antes.

La Fiscalía señala además que «se obró sin informar previamente a los menores concernidos». Esto lo pusieron de manifiesto las ONG cuando el día que comenzaron las expulsiones, acudieron al Ministerio Público para que interviniese. Expusieron que a los chicos se les había llamado por su nombre para un test Covid y fueron repatriados.

Mateos declaró al fiscal que daba por sentado que las ONG les habrían notificado antes y que, en todo caso, esos chicos querían volver con sus familias. Deu se expresó en términos similares. De nuevo, a nadie le consta nada por escrito y lo que dicen los técnicos que estaban con ellos es que cundió el nerviosismo en el polideportivo de acogida ante la perspectiva de un retorno no deseado. Hubo incluso «autolesiones».

Y si no hubo incoación de procedimiento alguno, tampoco resolución acordando la repatriación en los términos de la ley y así, nadie tuvo oportunidad de recurrirla. La sentencia del Contencioso hablaba de que se había recurrido a «la vía de hecho». La Fiscalía suma estas carencias a la batería de irregularidades que denuncia y de las que debían ser conscientes las dos investigadas.

«No se trataba de cumplir lo establecido en la Ley de Extranjería, sino lo establecido en el tratado con Marruecos», declaró Mateos a la fiscal, amparándose en todo momento en la «situación excepcional» que vivía Ceuta.

El problema, como se desprende del sumario, es que el convenio con Marruecos dice expresamente que en toda esa colaboración para el retorno asistido de menores, España cumplirá su propia legislación y esta, se habría vulnerado. Recoge otras cosas, como que España pasará a Marruecos información de los menores y recabará también datos de sus autoridades, un intercambio que no consta se haya producido, de acuerdo a la declaración de Mateos, Deu y los testigos de las dos instituciones en que trabajan.

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«Todavía se están haciendo gestiones con Marruecos para recabar esa información», testificó un alto cargo de la Delegación. No se sabe así, oficialmente, dónde acabaron los menores repatriados y es algo con lo que ya debían contar antes de iniciar el proceso: «En ningún momento Marruecos envía comunicaciones a Ceuta, al no considerarla parte de España», declaró Mateos.

Con todos estos ingredientes la Fiscalía acudió al Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta, que citado Deu y Mateos como investigadas el 7 de septiembre en una causa en la que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ejerce la acusación popular. Esta entidad sostiene que la gestión involucró a instituciones más allá de la ciudad autónoma y prevé pedir testificales de altos cargos en cuatro ministerios para esclarecer los hechos.

En este sentido, destaca el rol que jugó el Ministerio del Interior y, en concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad, a quien se dirigió la vicepresidenta ceutí para reclamar la articulación del convenio bilateral con Marruecos y que dio luz verde a su puesta en marcha mediante un escrito con membrete pero sin firma. La misiva era «un ruego procedan» con los retornos respetando los derechos de los menores. El Contencioso descartó que se tratase de un acto administrativo y menos, de una orden ilegal.

Mateos explicó la intervención de Interior en el contexto de la acción exterior del Gobierno, es decir, arriba reactivaron el acuerdo con Marruecos y abajo se encargaron de su ejecución. Misma tesis sostuvo Interior ante la Fiscalía: Si hubo irregularidades, las cometerían las administraciones en la ciudad autónoma porque la misma ley que se habría incumplido en este caso, dice que son la Delegación y la administración autonómica las competentes.