La Fiscalía abre diligencias de investigación sobre la expulsión de niños a Marruecos

Según explican a ABC en fuentes de toda solvencia en el Ministerio Público, tanto en Ceuta como en Fiscalía General se han abierto diligencias de investigación y «se ha pedido a la Delegación del Gobierno que informe de cómo se está haciendo, si de manera individualizada -que es lo que impone la ley- o de forma global, que no seria muy acertado».

Las mismas fuentes inciden en que esta decisión se ha adoptado «sin contar en absoluto con la Fiscalía» y ahora lo importante es recabar datos para saber a ciencia cierta qué está pasando. «No sabemos cómo se han hecho, si es que se han hecho ya, esas devoluciones», añaden las mismas fuentes.

Se descarta así adoptar de oficio la decisión de solicitar a un juzgado que suspenda cautelarmente las repatriaciones, aunque se da por sentado que cuando las ONG den este paso, lo cual es cuestión de horas según informan otras fuentes a este diario, la Fiscalía ceutí tendrá que pronunciarse. Será ahí cuando los fiscales tendrán oportunidad de estudiar los datos que hasta ese momento, se hayan recabado y optar por apoyar o no, la suspensión de la medida.

La clave, de acuerdo a estas fuentes es que Interior o Delegación del Gobierno proporcionen información sobre « quiénes son« los menores afectados, cómo han sido elegidos, con qué protección de los casos especialmente vulnerables, a dónde van y con quién, es decir, si las autoridades «certifican que en todos los casos los padres están dispuestos a recoger a sus hijos». «Si se ha elegido poco menos que al azar a quince niños para devolverlos pues entonces se tomarían medidas«, comentan.

Esa es de hecho, la percepción que tienen las ONG sobre el terreno, sabedoras de que los niños en el sistema de protección de Ceuta no habían sido avisados de la repatriación, condición sine qua non que marca la ley y en concreto, el Reglamento de Extranjería, muy restrictivo cuando se trata de menores de edad.

Establece que las repatriaciones se tienen que ejecutar a petición de la administración que tutela al menor, que en este caso sería Protección a la Infancia de Ceuta; y debe ser acordada en una resolución individualizada por la delegación del Gobierno que a su vez, debe ser notificada al menor, que tiene que ser escuchado.

De hecho, según el procedimiento legal, si se niega a ser repatriado puede recurrir y se le debe asignar un defensor judicial para ello. Nada de esto habría concurrido en este caso, de acuerdo a las fuentes en distintas organizaciones no gubernamentales consultadas por ABC.