El TSJ concluye que las repatriaciones de menores de Ceuta a Marruecos vulneraron sus derechos

La sentencia, notificada este jueves y a la que tuvo acceso ABC, responde en concreto a la situación de ocho de aquellos niños y adolescentes sobre los que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta dio la razón a las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces ordenando que fuesen tra ídos de vuelta a España. Hubo otro pronunciamiento sobre doce menores más y también se ha recurrido, aunque aún no se ha resuelto.

En este primer pronunciamiento, la Sala «respalda» la decisión de primera instancia y concluye que « el carácter súbito y masivo e ilegal de la entrada en Ceuta de la primavera del año pasado de miles de ciudadanos del Reino de Marruecos en absoluto autorizaba al Reino de España a excusar su sometimiento al imperio de la ley ».

«La Delegación del Gobierno en Ceuta, además de no individualizar los expedientes de retorno por cada menos afectado, omitió todos los trámites y cautelas procedimentales de obligado cumplimiento para la repatriación», señala, en relación a las previsiones que contiene la Ley de Extranjería y el Reglamento que la desarrolla.

En este sentido, y frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado en representación de la Delegación del Gobierno, apunta que «el acuerdo de cooperación» con Marruecos de 2007 que esgrimieron las autoridades para justificar la entrega sumaria de los niños y adolescentes por la frontera de El Tarajal «no desplazaba, excepcionaba ni sustituía a la legislación interna e internacional sobre menores extranjeros no acompañados, sino que venía a complementarla o implementarla». Ese acuerdo impone a España la «observancia estricta» de sus propias leyes.

Además, señala que «el riesgo relevante para la integridad física o moral que propicia conceder el amparo judicial solicitado no precisa consumación». «Basta acreditar una situación objetiva de puesta en peligro de esos bienes jurídicos fundamentales, la que ha de inferirse de las circunstancias concurrentes en cada caso», concluye.

Miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta en mayo del año pasado azuzados por una crisis diplomática entre el Reino Alauí y España por la decisión del Gobierno de acoger en su territorio y prestar asistencia sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Pasadas las primeras semanas, cuando muchas de aquellas personas que entraron se habían marchado ya de vuelta por su propio pie, se estimaban en más de ochocientos los menores que seguían en una ciudad autónoma con los servicios de acogida colapsados . Buena parte fueron instalados en un polideportivo y otros muchos vivían en las calles.

La Delegación del Gobierno, previo visto bueno de la Secretaría de Estado de Seguridad, articuló con el Gobierno de Ceuta la puesta en marcha de un convenio para la repatriación de menores a Marruecos de 2007 que nunca antes se había aplicado. En virtud del pacto, se comenzó a embarcar en furgones a menores que eran trasladados a la frontera de El Tarajal y entregados a las autoridades marroquíes, quienes a su vez, debían trasladarles a un centro de acogida cercano desde el que localizar a sus familias.

El problema es que como hicieron notar las ONG desde el primer momento, ese mismo acuerdo con Marruecos dice que España ha de cumplir su legislación interna cuando se trata de ponerlo en marcha. Y esa legislación es garantista frente a la deportación, especialmente cuando se trata de menores: exige una identificación individual, así como un expediente para cada uno que abarque evaluaciones psicosociales, entre otras cosas, capaces de sustentar la decisión de que enviarle de vuelta al país del que se ha marchado es lo que conviene a su interés superior.

Por descontado, han de mediar resoluciones administrativas en cada repatriación contra las que quepa recurso y la Fiscalía debe estar al tanto. Nada de esto concurrió en el caso del medio centenar de menores que fueron expulsados.

Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces acudieron al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta, que acogió sus argumentos y paralizó cautelarmente la entrega a Marruecos de los 12 menores que representaban. En consecuencia, el Gobierno decidió paralizar todo el proceso, que no contaba con el aval de la Justicia . Más tarde llegaría la sentencia: Condenó a la Delegación a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para traer de vuelta a los menores que expulsó a Marruecos sin ninguna garantía.