El Constitucional estudiará la reforma del reglamento del Senado que permite dilatar la ley de amnistía
Admite a trámite el recurso del Grupo Socialista contra la modificación que faculta a la Cámara Alta para decidir sobre la urgencia de las proposiciones de ley
El PSOE agota su última vía para evitar que el Senado ralentice la ley de amnistía
Los magistrados del TC, momentos antes del Pleno celebrado este martes
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Grupo Socialista contra la reforma del reglamento del Senado que modifica los artículos 133 y 182 y que fue aprobada por el Pleno de la Cámara Alta el 14 de noviembre de ... 2023. La reforma permite que la Mesa del Senado decida autónomamente acerca de la tramitación de urgencia de las proposiciones de ley, aun cuando hayan sido tramitadas por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.
Los recurrentes alegan que la reforma vulnera el artículo 90.3 de la Constitución y que se ha prescindido, además, de los trámites esenciales previstos en el Reglamento del Senado, lo que determinaría su invalidez en su integridad.
Nada más conocer la admisión a trámite el recurso, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Juan Espadas, mostró su satisfacción por que el Constitucional vaya a estudiar la reforma, un "uso y abuso del PP de su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Espadas ha insistido en que la reforma atenta de forma "palmaria" contra el artículo 90 de la Carta Magna y ha mostrado su optimismo en que el TC la declare inconstitucional. El líder del PSOE andaluz ha expresado, además, su rechazo a que el PP "utilice la Cámara territorial para bloquear la tramitación de las leyes" por parte del Gobierno. "El Senado está para otro tipo de funciones", ha dicho.
Por otra parte, el Pleno del TC también ha acordado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Socialista y de Sumar contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del decreto-ley del Gobierno de Baleares de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario.
Este decreto-ley incorpora entre otras medidas «eliminar, con carácter general, la exigencia de un determinado nivel de conocimiento de catalán como requisito para acceder a puestos de personal estatutario y laboral en el servicio de salud« de las islas. Los diputados recurrentes consideran que podría haber una vulneración de los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario.
Aprecian también una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.