El Consejo de Europa examinará «de urgencia» si la amnistía cumple los estándares democráticos

Este calendario implica que las recomendaciones de este organismo se conocerán antes de que la ley de amnistía concluya su tramitación y, por tanto, que el PSOE tendrá margen suficiente para tenerlas en cuenta e introducir modificaciones. Si esas recomendaciones fueran negativas para la amnistía y los socialistas las desecharan, al Gobierno le resultará más difícil argumentar ante la Comisión Europea que tiene un interés real por respetar los límites del Estado de derecho. Y es que aunque la Comisión de Venecia es un órgano consultivo y sus dictámenes no son de obligado cumplimiento, su elevado prestigio la ha convertido en una referencia para Bruselas a la hora de resolver cuestiones que afectan a los estándares democráticos en sus estados miembros.

Con su decisión, el Consejo de Europa, órgano internacional independiente ajeno a la Unión Europea, admite la petición que le remitió el Senado la semana pasada, en lo que supone una nueva victoria para el PP en su estrategia de llevar la amnistía al procès más allá de las fronteras españolas. El siguiente paso de la Comisión de Venecia será designar un grupo reducido de juristas y expertos de elevado prestigio, que tendrá la misión de responder a las preguntas planteadas por la Cámara Alta sobre la constitucionalidad de la amnistía y su ajuste al Estado de derecho.

En concreto, el Senado ha pedido aclarar cuáles son los criterios que, a juicio de la Comisión de Venecia, son necesarios para que una amnistía sea acorde al Estado de derecho o si es compatible amnistiar delitos de terrorismo en los términos señalados en la proposición. Además, la Cámara Alta solicita a esa institución que aclare si considera aceptable para un Estado de derecho que la amnistía se apruebe para delitos de malversación y corrupción, o si cree que la norma es una infracción del principio de separación de poderes. Por último, el Senado cuestiona si una ley de este tipo pone en riesgo la independencia judicial.

Además de este dictamen, la Comisión de Venecia también acordó el pasado fin de semana realizar un estudio general sobre «los requisitos de Estado de derecho que debe cumplir una amnistía». Esta segunda iniciativa partió del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que remitió una petición en este sentido el pasado día 8. Este movimiento revela las, como mínimo, dudas que existen en ese órgano internacional sobre el ajuste de la amnistía española al Estado de derecho. Este estudio también debe estar terminado para que pueda ser examinado en el próximo pleno del mes de marzo.

Aunque no se puede prejuzgar el resultado de este examen, hay varias cuestiones que podrían chocar con los estándares democráticos que maneja la Comisión de Venecia. Entre ellas, según los juristas consultados, la arbitrariedad que dio origen a la ley de amnistía ya que el texto responde a un pacto político para lograr la investidura de Pedro Sánchez. La redacción también podría afectar a los principios de igualdad y no discriminación.

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La Comisión de Venecia se fundó tras la caída del muro de Berlín, en 1989, ante la situación de incertidumbre democrática generada en Centroeuropa y los países orientales del continente. Desde su origen, ése órgano se ha convertido en una referencia para resolver conflictos constitucionales y por ello el Senado decidió recurrir a él la semana pasada.

La iniciativa partió del PP, que remitió un escrito a la Mesa de la Cámara Alta. «Donde el Gobierno y el PSOE quieren que haya oscuridad y secretismo, nosotros queremos transparencia e información», señalaba Alicia García, nueva portavoz popular en el Senado. Pese a que el Gobierno ha querido allanar el camino de la norma todo lo posible, acortando los plazos mediante el trámite de urgencia, los socialistas no tienen margen para aprobarla antes de que la Comisión de Venecia se pronuncie.

Y ello porque el PP lleva tiempo diseñando una estrategia para ralentizar la norma a su paso por la Cámara Alta, con el objetivo de conseguir pronunciamientos jurídicos sobre su adecuación al Estado de derecho. «Pediremos todos los informes que podamos y que el Gobierno ha querido evitar al tramitarla como una proposición de ley», señalaban a ABC fuentes del PP cuando se modificó el Reglamento de la Cámara, para no tramitar como urgente una norma remitida con esta consideración desde el Congreso. Con esa maniobra, el PP espera recibir dictámenes como el de la Comisión de Venecia, el Consejo Fiscal o el Poder Judicial, con los que acreditar que la amnistía vulnera el Estado de derecho.