Zozobra en el Gobierno de Ximo Puig por el recorrido del caso Azud antes de las elecciones

Aunque en público los principales dirigentes del partido han sido contundentes, en privado no son pocos los que admiten el temor a que el recorrido judicial y mediático de la investigación sobre la supuesta financiación ilegal otorgue munición a la oposición en el tiempo que resta hasta los comicios del 28 de mayo. Sobre todo, porque echa por tierra el argumentario socialista de haber levantado la «hipoteca reputacional» de la Comunidad Valenciana heredada de dos décadas de gobiernos del PP.

Por contra, la instrucción de la causa sobre las subvenciones concedidas a las productoras del hermano del presidente de la Generalitat esquivará la cita con las urnas tras prorrogarse hasta julio. En paralelo, la izquierda mira de reojo al tribunal que investiga a Mónica Oltra (Compromís) por la gestión del caso de abusos de su exmarido.

Las encuestas vaticinan un resultado muy reñido en las elecciones y la izquierda teme que la agenda judicial le pueda pasar factura. Por su parte, la celebración de eventos como la Interparlamentaria del PP de este domingo en Valencia no son casualidad. Recuperar la Generalitat y el ayuntamiento tras ocho años en la oposición es el principal objetivo de los de Alberto Nuñez Feijóo.

La causa de Azud investiga también a excargos populares que presuntamente recibieron mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Pero en el PP valenciano dan por cerrada esa etapa y se desvinculan por completo de los imputados. De hecho, han solicitado personarse como acusación popular.

Si bien las anotaciones –«X. Puig»– en la agenda del que fuera tesorero del PSPV Pepe Cataluña no prueban ninguna irregularidad, sí son suficientes para sembrar la duda en un clima de marcada polarización política. Además del 'merchandising' de dos campañas que varias empresas abonaron supuestamente a cambio de contratos, la UCO de la Guardia Civil ha puesto el foco también en unas facturas no declaradas como gastos electorales cuyo pagador se desconoce. Entre ellas, figura un pedido de camisetas y bolsas para la candidatura de Ximo Puig a las primarias en 2008, en las que el actual secretario general no consiguió acceder a la dirección del partido.

«Lo que sabemos de los dirigentes de aquella época es que se hizo todo de acuerdo con la ley» de entonces, señalaba Puig este miércoles en una entrevista en 'Herrera en Cope', ante una cuestión sobre la que está pasando de puntillas. Sin embargo, una de esas camisetas con el lema «Ximo Puig. De ahora en adelante» ya ha desfilado en dos ocasiones por las Cortes Valencianas en manos de diputados de la oposición. Los mismos que vienen presionando en las últimas semanas para que se active la comisión de investigación sobre Azud –aprobada en junio de 2021– que los socialistas bloquearán hasta que se levante el secreto de sumario del resto de piezas.

El líder del PP valenciano, Carlos Mazón, retó ayer al PSPV a desmentir las informaciones «gravísimas» –avanzadas por ABC– sobre las subvenciones públicas a empresas salpicadas por la trama, mientras el asunto ha escalado ya a nivel nacional. Los populares han solicitado que se cree una comisión parlamentaria en el Senado sobre esa presunta caja B y ha puesto nombre al primer compareciente: Ximo Puig.

Una ofensiva que también ha llevado a los socialistas a elevar el tono en sus réplicas y a ser más beligerantes ante la imagen que puedan dar de cara al electorado, aunque la respuesta es la misma: señalar a los juicios que se están celebrando contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el que fuera presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.