Las familias pueden ahora anular suspensos de sus hijos por la falta de información sobre las horas de clase en valenciano

«Esto ya lo hemos avisado muchas veces, al final las familias cuando les dices los pasos que tienen que dar, no se atreven por miedo a posibles represalias», explica Sonia Terrero, presidenta de la autonómica Confederación Valenciana de AMPA (Covapa), acerca de esta posibilidad legal por ese incumplimiento de la transparencia acerca del plurilingüismo en las aulas.

No se trata de un camino al que llegar exclusivamente por este motivo del idioma, hay precedentes de otras situaciones análogas. «Tradicionalmente, cuando un mal padre quiere que a su hijo lo aprueben en los despachos, el único recurso asequible es recurrir a un defecto de forma administrativo o en la información», detalla un docente que prefiere mantener el anonimato.

«Los inspectores suelen recordarnos que si omitimos en una programación, el dato de la distribución en porcentajes de la nota o los criterios de evaluación, es motivo suficiente para que cualquier padre que presente la reclamación, aunque su hijo se haya comportado como un zote, hay que darle la razón y aprobarlo», añade.

La coyuntura actual, por la deriva de la inmersión lingüística -tal como la perciben desde varias asociaciones de familias y docentes integradas en la plataforma nacional Escuela de Todos- hace que los denominados Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC) en la Comunidad Valenciana no se han comunicado de forma usual y «la Administración no puede demostrar que los padres hayan sido informados antes de la admisión de que ha habido cambios en los PLC», por lo que los alumnos podrían obtener así el aprobado: «Se podrían crear hasta despachos de abogados dedicados a gestionar aprobados, como lo de las clausulas suelo», compara este profesional del sector.

Obviamente, nadie suele recurrir a esta subterfugio porque prefiere que la superación de una materia por el alumno se fundamente en los méritos y el aprendizaje.

«Es como cargarte el modelo de evaluación y calificación en toda su extensión», opina Alberto Martínez, de la plataforma alicantina Idioma y Educación.

En definitiva, más que entrar en esta vía poco didáctica, el sentir entre este sector de la comunidad educativa apunta a un cambio de la normativa y dar libertad para la elección de la lengua vehicular con total transparencia.

«Ahora sólo nos queda esperar que este nuevo Gobierno de la Generalitat derogue la Ley de Plurilingüismo y que por fin acabemos con este problema», subraya Terreros, con quien coincide Martínez: «Hay que dar opciones a los nuevos y para esas reclamaciones alomejor toca ir a la Justicia ordinaria y eso va en contra de la propia Educación y en un momento de cambio de gobierno», en alusión al cambio de dirigentes autonómicos tras las elecciones del 28M.

Una hipótesis de judicialización que corrobora la presidenta de Covapa. «Se puede alegar, por supuesto, pero los que resuelven son del mismo partido y al final o vas al juzgado o es difícil conseguir algo», señala.

De momento, a lo que sí han dado el paso de acudir a la Justicia algunas familias es para presentar recursos contra la citada norma del plurilingüismo, con asesoramiento jurídico gratuito de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística.