Docentes denuncian que «la Generalitat impone el valenciano en las aulas para adoctrinar sobre los países catalanes»

Esta actividad representa un primer paso para llamar a la «movilización» con la cooperación de otras entidades comprometidas frente a esta política del ala nacionalista de la Generalitat Valenciana, entre otras, algunas AMPA, Idiomas y Educación -integrada por padres y madres de alumnos de colegios de la provincia de Alicante- e Impulso Ciudadano, con sede en Barcelona e integrada por Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, así como catedráticos de Derecho y otros profesionales.

«Nos preocupa el retroceso del español como lengua vehicular, por las fuerzas nacionalistas, yo soy catalán y lo veo como el sueño de la marmota: lo vivimos ya en Cataluña y creíamos que no podía pasar, pero ahora ocurre en la Comunidad Valenciana», relata Giménez.

De entrada, este docente que ha sido director en un Instituto de Secundaria de la Vega Baja en una zona de predominio castellanohablante y también ha dado clases en la Facultad de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), deja claro que apuestan por la enseñanza del valenciano como «asignatura obligatoria», para su conocimiento y aprendizaje por su interés.

Pero eso no se corresponde con la realidad actual, a su juicio: «Una cosa es proteger la diversidad y la riqueza lingüística y otra cosa es denigrar el español», tal como se aprecia en «la fuerza que tienen las palabras». Como ejemplo, compara cómo mientras se alude a que en esta región «el valenciano es la lengua propia», tal como recoge el Estatuto de Autonomía, cuando alguien afirma que según la Constitución, en España «el español es la lengua propia, en cambio eso ya se considera fascismo».

El denominado proceso de «inmersión lingüística«, consiste a ojos de este docente en que «cuando es el español la lengua mayoritaria en las familias, se intenta cambiar», y alerta de que «el adoctrinamiento en algunas escuelas es muy peligroso», que en Cataluña ha quedado patente en «contenidos en libros de texto», que con el tiempo «crea sentimientos diferentes entre alumnos con el resto de Comunidades Autónomas, ya que no se sienten españoles«. En el caso valenciano, no ha llegado a los manuales, pero sí «en algunos cómics» y material didáctico enviado a las clases.

En definitiva, Giménez ve «un proyecto de construcción nacional en el que la Educación es un caballo de batalla importantísimo, como prueba que fue la primera competencia que reclamaron las fuerzas nacionalistas, y para nosotros es un virus que se va a extender a otros aspectos».

Así, por ejemplo, en los institutos de Secundaria de la Vega Baja hay predominio lingüístico en castellano, pero «ya llegan las comunicaciones solo en valenciano y se cambian topónimos, nombres de los pueblos, de una forma sutil»,

El presidente de esta plataforma declara su «respeto» a partidos como Compromís o ERC porque «dicen la verdad, no engañan: su objetivo es crear una nueva nación sobre el territorio con todos los recursos que tienen a su alcance», mientras que considera «más peligrosos» a otros políticos que esconden sus intenciones reales a más largo plazo, desde la supuesta moderación, como en su día Jordi Pujol.

En cualquier caso, unos y otros coinciden en su meta de «expulsar el castellano» y por eso llama a la movilización ciudadana: «Debemos armarnos en la sociedad civil, no aceptar el discurso nacionalista, hasta aquí hemos llegado».

Como mensaje para concienciar a las familias de alumnos, expone algunas conclusiones: «¿Es una lengua ajena el español, somos extranjeros en nuestra tierra?». Y denuncia la discriminación en el ámbito profesional: «El requisito lingüístico es totalmente insolidario, ya que alguien de Murcia no puede venir a ocupar una plaza docente aquí y nosotros desde Alicante sí podemos ir allí, para cualquier cargo en la Administración, no vas a poder optar y eso es peligroso».

En la plataforma recuerdan la gran manifestación en Orihuela en 2019 y hace un año, los recursos contenciosos-administrativos en los juzgados, en colaboración con las AMPA. «El problema también es que nos enfrentamos a un lobby muy potente, con entidades que cuentan con subvenciones, como la Plataforma per la Llengua, mientras que nosotros somos idealistas y tenemos que pedir ayuda económica a las familias», relata.

Desde de este «primer llamamiento» en Orihuela, quieren ver qué otras acciones emprenden para despertar a una sociedad adormecida» que solo reacciona cuando conoce casos muy concretos en primera persona de discriminación: «El sufrimiento que causa el nacionalismo llama la atención a la gente».