El PSOE, de brindar con cava y declarar festivo el día de la derogación del trasvase del Ebro a llevar agua desde Valencia a Cataluña

Pronto se cumplirá la triste efemérides para los agricultores del sureste, en abril era investido José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno mientras su futura ministra de Medio Ambiente se colocaba junto a la pancarta de la plataforma contra aquel trasvase aprobado el Ejecutivo de José María Aznar dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Eran otros tiempos y nada de enviar recursos hídricos entre comunidades autónomas.

Sólo tres meses después de llegar al poder, una de sus primeras decisiones de calado fue tumbar esa infraestructura y eso les debió granjear muchas simpatías en algunas zonas catalanas, sin duda en Tortosa, el municipio de Tarragona situado en la desembocadura del río, donde en el primer aniversario de aquella buena noticia, el Ayuntamiento gobernado por el alcalde socialista Joan Sabaté declaró fiesta local esa fecha, el 20 de junio. En realidad, se cumplía el día 18, pero ya era festivo y se trasladó, no había que desaprovechar le motivo de celebración.

Aquel dirigente local no estaba solo ni era un rara avis en las filas de su partido: el PSC enarboló el lema «ni una gota de agua del Ebro para Valencia», bien arropado por Narbona en un boicot evidente a las transferencias hídricas a esta región.

No parece gratuito, pues, que el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haya recordado este lunes aquellos momentos de hace dos décadas: «No se le va a negar el agua a quien en su día nos la negó». Y sin «revanchas», ahí está la diferencia para el popular, que no ha puesto ningún pero a enviar al norte dos barcos diarios con agua de la planta desalinizadora de Sagunto.

Contrasta además este posicionamiento del PP por la «solidaridad hídrica», también reivindicado en las últimas horas por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el mostrado una vez más por el PSOE en Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page ha vuelto a salir a la palestra con ironías. «Para beber, sí; para regar, si sobra, y aquí no sobra», ha sentenciado, en alusión de los trasvases del Tajo al Segura.

Los agricultores de la llamada 'huerta de Europa', desde Alicante a Murcia, Cartagena y Almería, podrían preguntarse si al presidente castellano-manchego le interesa también comer y no sólo le preocupa la sed, porque sin riego no habrá alimentos.

Y acerca de si sobra agua, las reservas de la cuenca del Tajo están ahora mismo al 67,93%, prácticamente 15 puntos porcentuales por encima de la medida de la última década, y aunque los dos embalses -Entrepeñas y Buendía- están por debajo de ese nivel (a un tercio de su capacidad), suman 746 hectómetros cúbicos, cerca del doble del umbral por el que se prohíben los trasvases al Segura.

Claro, que con los nuevos caudales ecológicos recién aumentados, en el horizonte de 2027 se reducirán estas transferencias a la mitad.

Los costes de mantenimiento, explotación y la amortización de la planta desalinizadora de Sagunto, desde donde está previsto enviar hasta 40.000 metros cúbicos diarios en dos barcos a Barcelona si persiste la sequía, tal como ha decidido el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, son objeto de litigio porque el Ayuntamiento se niega a asumirlos ya que la infraestructura ha tenido un uso nacional y no local, como se había proyectado.

La empresa pública Acuamed, propiedad de la Administración central, sigue reclamando 10 millones de euros pendientes del acumulado de la última década, en la amortización de esta infraestructura, en un contencioso.

Además de este aprovechamiento futuro para generar agua desalada para el área metropolitana barcelonesa, está previsto que la planta también abastezca la zona industrial donde se implanta la gigafactoría de baterías de Volkswagen, otro argumento para los responsables municipales en su negativa a sufragar el coste de la planta desalinizadora.