El PP pide ser acusación en el caso Azud ante las sospechas sobre la financiación del PSPV

El partido llevaba semanas estudiando si dar o no este paso, pues la causa afecta a antiguos dirigentes populares, pero tal y como ha podido confirmar ABC, finalmente la formación que lidera Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana ha decidido ir a los tribunales. Vox también anunció su intención de personarse en la instrucción, a la espera de lo que decida la juez.

Una maniobra que, en ambos casos, llega justo tras levantarse el secreto de sumario de una de las siete piezas separadas, la que versa sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV. De hecho, en los últimos días el PP ha redoblado su ofensiva contra los socialistas tanto en declaraciones a medios como en redes sociales, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales.

En ese sentido, Mazón se cuestionaba este jueves sobre el motivo por el que los socialistas se niegan a activar -argumentando que cinco piezas del sumario siguen siendo secretas- la comisión de investigación sobre Azud aprobada en junio de 2021 en las Cortes Valencianas: «Si no hay nada que ocultar, ¿cuál es el problema?».

Las pesquisas de la Guardia Civil han revelado el supuesto 'modus operandi' de los socialistas valencianos: se facturaban gastos del partido a nombre de empresas –entre ellas, las del presunto cabecilla de la trama, Jaime Febrer– que después resultaban adjudicatarias en concursos públicos.

Los investigadores creen que el extesorero del PSPV Pepe Cataluña ejerció un papel crucial, incluso después de abandonar su cargo, en estas operaciones, que tuvieron su punto álgido durante las campañas de 2007 y 2008, con Carmen Alborch como candidata a la Alcaldía de Valencia y María Teresa Fernández de la Vega como cabeza de lista por esta provincia a las generales. Tratan de determinar si la federación valenciana se sirvió de que el PSOE de Zapatero gobernaba a nivel estatal para obtener fondos de forma irregular a través de Acuamed.

Aunque el delito de financiación ilegal de partidos no existía en ese momento –se incluyó en el Código Penal en 2015– y el delito electoral estaría prescrito, la juez sí puede investigar a los imputados –nueve en esta pieza– por presunto cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación.

Entre los alrededor de sesenta investigados en la macrocausa se encuentran el exvicealcalde de la capital (PP) Alfonso Grau o el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín. El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones.

La segunda fase de arrestos se produjo en mayo de 2021, cuando se detuvo -entre otros- a Rafael Rubio, quien fue portavoz socialista en el consistorio valenciano durante el mandato de Barberá y, hasta entonces, subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

El levantamiento del secreto de la primera de las piezas separadas el pasado mes de abril reveló el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos entre 1999 y 2013 en el Ayuntamiento de Valencia y otros municipios valencianos, a través de facturas ficticias.

Uno de los nombres que también apareció en ese momento fue el de Jorge Bellver (PP), actual vicepresidente segundo de las Cortes Valencianas. En su etapa como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia habría recibido, según un auto de la juez, un reloj de lujo a cargo del empresario Jaime Febrer por favorecer una operación compensatoria de una deuda del consistorio a diez centros educativos.

No obstante, pese a que la magistrada cuestionó al parlamento autonómico sobre la condición de aforado de Bellver, no ha elevado petición al Tribunal Superior de Justicia para que comparezca como investigado.