Unos policías irrumpen en una boda y amenazan al novio con llevarlo «al cuartelillo» por no hablar castellano

De acuerdo con el 'Informe de Denuncias de derechos lingüísticos 2022' suscrito por diferentes entidades sociales y encabezado por Escola Valenciana, asociación que percibe subvenciones cada año por parte de la Generalitat, las denuncias por discriminación han crecido en torno a un veinte por ciento en el último ejercicio.

En este incremento, se incluyen diversos casos que conciernen a la actuación de las Fuerzas de Seguridad. Al respecto, según consta en este documento, varios agentes de la Policía Local de la localidad alicantina de Petrer irrumpieron en una boda y amenazaron al novio con detenerlo por no hablar castellano.

Según el relato que narra la Plataforma de la Llengua -entidad que también recibe dinero público del Gobierno autonómico y del Ayuntamiento de Valencia- en el informe de Escola, los policías se personaron en el casamiento y solicitaron hablar con el responsable del evento. En ese momento, el novio se dirigió a ellos en valenciano, a lo que uno de los agentes le contestó que si no le hablaba en castellano se lo llevaría «al cuartelillo», recoge la denuncia.

La representante de Escola Valencia, María Nebot, señaló este viernes que «la gente está perdiendo el miedo a denunciar cuando sufre una vulneración lingüística», al mismo tiempo que aseguró que el 75% de estos casos se producen en la Administración pública y que la mitad de las quejas se llevan a cabo en el ámbito sanitario.

En el informe presentado ante la Conselleria de Educación para conmemorar el Día de los Derechos Lingüísticos, previsto para este domingo 4 de diciembre, también se recogen otras supuestas vulneraciones que involucran a agentes de la Policía Nacional y Local de algunos municipios de la Comunidad Valenciana.

Por ejemplo, denuncia Escola Valenciana que el agente encargado de tramitar la renovación del DNI en la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm se burló de algunos usuarios por estar en valenciano y alegó que no entendía dichos documentos. Asimismo, en Denia, en otra oficina similar un indicativo exigió a varios ciudadanos que hablaran en castellano si querían ser atendidos, según consta en el informe.

En último lugar, Plataforma per la Llengua, entidad que se autodenomina 'ONG del catalán' y que señala a comercios y profesores que no usan el valenciano, relata un caso en el que un ciudadano solicitó una copia de una denuncia que presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Abastos, en Valencia ciudad, la cual los agentes redactaron en castellano por «seguridad jurídica y eficacia procesal» pese a que fue descrita en la lengua autóctona.

La misma plataforma, que según advirtió el Partido Popular ya ha «recaudado» cerca de 135.000 euros este año por parte del Gobierno autonómico de Ximo Puig y 25.000 euros del Ayuntamiento que lidera Joan Ribó (Compromís) en coalición con los socialistas, presentó su propio informe anual de casos de discriminación lingüística, en el que incluía supuestas vulneraciones de derechos y abuso de autoridad por parte de agentes de la Guardia Civil.

En concreto, expone la denuncia de una vecina de Vinaroz (Castellón) que acusa a un indicativo de la Benemérita de negarle la posibilidad de expresarse en valenciano y de decirle que «me tienes que hablar en castellano porque estamos en España». Ante esta situación, Plataforma per la Llengua acusa al Instituto Armado de ejercer el «supremacismo castellano».

Además, según se detecta en el informe de Escola Valenciana, las mujeres sufren más este tipo de vulneraciones que los hombres, una diferencia que, tal y como afirma la entidad, «se explica por una cuestión de género». «Habitualmente cuando estamos en situaciones de agresión es más fácil confrontar con una mujer que con un hombre», ha explicado su representante.

El citado documento ha contado con la colaboración de Plataforma per la Llengua, Intersindical Valenciana, BEA, SEPC, STEPV, Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació Llengua Catalana (AELC), d'Escriptors en FAMPA-València, Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet y Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV).