Así funciona la «policía lingüística» en Valencia: las familias denuncian «chantaje y presiones» en las aulas

Dentro de un documento denominado por la plataforma Idiomas y Educación «Decálogo del padre de un alumno acosado por plurilingüismo inmersivo», se alertaba a los padres de alumnos por la desinformación engañosa canalizada de forma premeditada a través de estos enviados de la Conselleria de Educación, en aquel momento dirigida por Vicent Marzà (Compromís).

«Cuidado con el cuento de la materia análogo a troncal», era el epígrafe, en el que se explicaba como «a diferencia de lo que dicen los asesores lingüísticos que asisten a las direcciones de centro para implantar el proceso en la Comunidad Valenciana, una materia análoga a troncal debe ser, al igual que la troncal, establecida por el Gobierno central, con contenidos comunes y cursadas de forma obligatoria».

La importancia de este concepto de asignatura troncal radica en que la ley establece que al menos una debe haber una impartida en castellano, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), documento que fija el número de horas en cada idioma, como lengua vehicular.

Desde Idiomas y Educación divulgaron en 2020 entre las familias que estas materias troncales forman parte de un bloque que ocupa, al menos, el 50% de los contenidos y en la aplicación en Primaria de la Ley 4/2018 hay muchos colegios que no cumplen con los porcentajes que dice la ley.

Como «ejemplo», señalaban que se ha puesto en muchos casos la Religión como análoga a troncal, cuando no lo es. «Vehicular troncales en lenguas distintas a lo que contempla esta ley es ilegal. No dejes de comprobar qué materias lo son», advertían.

«Te dirán que el porcentaje de valenciano debe superar el del colegio que suministra alumnos al instituto: es falso». Otro de los mensajes que llegan a los padres que les confunde -según Idiomas y Educación- se basa en esta premisa de las horas de clase en cada lengua al pasar de Primaria a Secundaria.

«Eso dicen los asesores lingüísticos, pero no viene en la ley. Ellos son los enviados para aplicar la imposición lingüística», señalan desde esta plataforma, quienes aseguran que los centros se tienen que «adaptar» al PLC y no hay «restricciones de mínimos ni de máximos de porcentajes».

El texto de la ley sólo se refiere a una «alineación» y que la Conselleria velará por la «coherencia y progresividad de los itinerarios a través de las diferentes etapas educativas». Y recuerdan que esa progresividad está contenida en un decreto que está invalidado por los tribunales «porque era fruto del chantaje y de la discriminación de los alumnos por derechos fundamentales. Progresar sólo significa más valenciano».

Ante estas quejas en los últimos años, el próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, apuesta por restituir la figura de los inspectores educativos tras eliminar los asesores lingüísticos y de esta manera erradicar lo que considera «el procés a la valenciana», en alusión a los paralelismos con el arrinconamiento del castellano llevado a cabo en Cataluña. En definitiva, se propone «sacar la ideología de las aulas».