Después de que Escola Valenciana se quejara por el desmantelamiento de este servicio implantado por el entonces conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), al considerar que Mazón demostraría así que «sólo quiere gobernar para quienes hablen castellano», la reacción en una red social por parte de la agrupación de profesores surgida en Alicante se ha resumido con ironía: «Se oyen los primeros gruñidos al fondo de la caverna».
La figura de estos asesores ha suscitado malestar en una parte de la comunidad educativa y el futuro presidente autonómico la va a suprimir por considerarla una «policía lingüística». Una de sus últimas acciones consistió en recomendar en algunos centros educativos que incrementaran el número de horas de clase en valenciano, como lengua vehicular.
Según la citada plataforma docente, esta consigna tenía la intencionalidad de arrinconar más al castellano, ya que en muchos de estos colegios e institutos ya está programado incrementar la cuota del valenciano para el próximo curso académico.
No obstante, no se trata de una especie de pulso por los porcentajes, ya que estos profesores reiteran en sus comunicados que defienden la enseñanza del valenciano como una riqueza de la cultura y el patrimonio de la Comunidad Valenciana para los alumnos, pero reivindican la libertad de elección por parte de las familias, sin imposiciones.
Ahora, la supresión de la citada oficina despierta el debate y todos no lo ven así, como una medida positiva. En Escola Valenciana han reivindicado su función para ocuparse de situaciones de vulneración de los derechos de los hablantes en este lengua y han advertido también de que tienen su propia oficina para cumplir esta misión, que ya funcionaba anteriormente a la creada por el gobierno de Ximo Puig y continuará atendiendo las denuncias de afectados.
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