El padre de la menor que se suicidó en Valencia: «A mi hija la trataron sin humanidad»

Esta sensación de desamparo -matiza- comenzó el año pasado cuando su hija entró a la consulta de una psicóloga de la Unidad de Salud Mental de Requena debido a problemas de ansiedad que derivaron en un cuadro de anorexia nerviosa. En la querella que presentó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad valenciana, expone que esta terapeuta demostró una «nula formación sobre la enfermedad, no haciendo uso de los recursos que tenía a su alcance» para atender a la joven.

«Ignoró cualquier información respecto a las ideas y actos suicidas de mi hija y rechazó toda ayuda externa, pues consideraba que Isabel era una paciente heredada y que como sería ingresada en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario (UTCA) solo requería terapias de seguimiento», explica.

Fue en noviembre de 2021 cuando la menor comenzó a autolesionarse infligiéndose cortes en los brazos y dando señales de depresión extrema. «Se lo comunicamos a la doctora y se mostró indiferente ante el riesgo de la conducta suicida de Isabel», expone Rafael. Asimismo, la profesional apuntó como origen de la enfermedad su relación familiar, alegando «falta de figura paterna», «sobreprotección» y «mal ambiente». «Nos dijo que no sabíamos gestionar la adolescencia y que solo quería llamar la atención», comenta el padre de la chica, quien explica que la psicóloga «restaba importancia al grave estado de su hija, indicando que estaba en su peso cuando la anorexia es también una enfermedad mental».

Narra su padre que la misma terapeuta tampoco adoptó ninguna acción para activar el protocolo antisuicidio cuando le comunicó que su hija había sido descubierta consumiendo marihuana y que llegó a ingerir once pastillas de antidepresivos. Otros profesionales consultados por la familia sí advirtieron del peligro que corría de quitarse la vida, por lo que solicitó a dicha psicóloga que se pusiera en contacto con la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), donde llamó en una ocasión y no volvió a insistir pese a no obtener respuesta alguna.

En paralelo, los padres acudieron a una psiquiatra, contra la que también han presentado una querella por homicidio imprudente, quien, según detallan en la denuncia, se negó al internamiento de la menor después de un nuevo episodio de ingesta de medicamentos y consumo de estupefacientes alegando que «hay gente que se pone más de drogas y cubatas y no les pasa nada» y que «los niños tienen que experimentar».

De acuerdo con el Plan de Prevención del Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la Generalitat Valenciana, el consumo de estas sustancias «favorecen la impulsividad, la violencia y la desinhibición que pueden dar el valor necesario para realizar tentativas de suicidio en algunas situaciones». Sin embargo, la querellada tampoco reparó en ello en su parte médico emitido el 9 de mayo de 2022. «Es la única manera que ha encontrado la paciente para evitar el malestar de las rumiaciones continuas en relación a la enfermedad», detalla la doctora en su consulta.

Finalmente, tres días antes de suicidarse, Isabel se volvió a entrevistar con la terapeuta para pedirle ayuda porque «está peor de ánimos desde hace dos semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer». Incluso, le detalla un «plan suicida concreto» respecto a la ingesta de medicación. «Ha caído en un círculo vicioso de consumo de THC para evadir la voz interior que le insta a no comer. No tiene fuerzas para mejorar y solicita ayuda», manifiesta en el detalle de la cita médica.

Al respecto, la querella presentada por los familiares especifica que la acusación de homicidio imprudente grave ante ambas terapeutas se basa en la omisión del deber de cuidado que «se perpetró de manera tan grosera e inexcusable, tanto que es inconcebible que no se hayan adoptado medidas preventivas y el diagnóstico necesario ante las señales de alarma tan claras y constantes».

Ante esta situación, Rafael Martínez presentó una queja ante la Conselleria de Sanidad, mediante el Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo valenciano- por el trato recibido en la Unidad de Salud Mental de Requena en el tratamiento de la enfermedad diagnosticada de su hija. «No mostraron jamás ningún tipo de empatía y su actitud siempre fue chulesca y restando importancia a los numerosos avisos de empeoramiento que tanto de nosotros como padres, como de profesionales externos que buscábamos», detalla en la solicitud.

Por su parte, la Administración sanitaria, a través de un escrito de la directora de Gabinete del Conseller, señaló que la paciente «ya se encontraba en seguimiento activo en salud mental con citas muy frecuentes, realizando un abordaje multidisciplinar, dentro del seguimiento intensivo planteado para este caso particular».

Asimismo, manifiesta la Generalitat que se pusieron en marcha todos los recursos disponibles y que el contenido de las últimas entrevistas «no hacía previsible un intento autolítico planificado», aunque reconoce que «sí existía una idea fluctuante de muerte como forma de evitar el malestar emocional» que estaba atravesando la joven. Por todo ello, el Síndic de Greuges ha solicitado a Sanidad que indique si finalmente ha incoado expediente disciplinario a las presuntas responsables de los hechos.

En cuanto a ello, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha confirmado este martes la apertura de una investigación judicial por un presunto caso de mala praxis en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Requena, después de la querella presentada por la familia de Isabel.

«La Administración nunca reconoció la importancia de las manifestaciones suicidas de mi hija e hizo caso omiso a nuestras peticiones», asevera Rafael, quien apunta a que es «falso» cuando se dice que la menor «llevaba un seguimiento intensivo por su tendencia suicida, pues ni siquiera se le había diagnosticado».

Del mismo modo, lamenta que tras la muerte de su hija no recibieron ningún tipo de apoyo profesional. «El trato que nos dieron las terapeutas ha sido para hacernos sentir culpables del estado de mi hija, ni siquiera nos dieron el pésame cuando nos vieron la primera vez», recalca. Con el objetivo, de que algo así no vuelva a ocurrir, Rafael y su familia han abierto una petición de firmas en Charge.org para reclamar una unidad específica para pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, para la que actualmente solo existen once camas en toda la Comunidad Valenciana. Por el momento, la iniciativa ya cuenta con el apoyo de más de 71.000 personas.