El drama de unos padres tras el suicidio de su hija de 16 años, enferma de anorexia: «Nos dijeron que queríamos quitárnosla de encima»

La menor de dieciséis años, a tan solo dos días de cumplir diecisiete, se quitó la vida al precipitarse por el balcón de su casa, ochenta horas después de su última consulta en el servicio de psiquiatría. Durante esta visita, relató su empeoramiento «con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer». Dice, el informe, que «ha pensado en la sobreingesta de medicación, pero que ya la ha probado y ha visto que no lo ha conseguido». «Verbaliza sentimientos de desesperanza, no cree tener la fuerza para mejorar y solicita ayuda para poder salir de esta crisis», añade.

«No les recrimino la muerte de mi hija, sino el trato que nos han dado como pacientes», explica Rafael a ABC. Cuatro días después del suicidio de la menor, él y su mujer presentaron una denuncia en el Puesto Principal de Requena de la Guardia Civil, mediante la que relatan un posible caso de negligencia médica y solicitan la inhabilitación de las dos profesionales que siguieron el caso de su primogénita.

«Ni siquiera nos han dado el pésame», enfatiza el padre de la menor fallecida, quien lamenta el trato «distante» de la psicóloga y la psiquiatra, quienes «siempre culpabilizaron al entorno familiar». «Nos sentimos constantemente atacados y culpables de su enfermedad. Nos llegaron a decir que venía provocada por la propia adolescencia, por ausencia de figura paterna e incluso por exceso de protección», asevera Rafael.

Durante el pasado mes de mayo, semanas atrás del trágico desenlace, Isabel tuvo que acudir en dos ocasiones al servicio de Urgencias del hospital de Requena por una crisis de ansiedad y la ingesta de medicamentos. Fruto de la grave situación que atravesaba la menor, acudieron a otra psicóloga del Ayuntamiento de su localidad natal, quien mostró un gran interés por el caso, y les comentó que su estado era «muy grave».

Asimismo, instó a los padres a comunicar urgentemente la situación de Isabel a su psiquiatra y a su psicóloga e incluso les pidió que les facilitara su teléfono. Pese a ello, las denunciadas nunca le llamaron e incluso le dijeron a Rafael que «posiblemente no estaba cualificada para abordar el caso».

Mientras tanto, la psiquiatra les recalcó que lo que le pasaba a la menor de dieciséis años eran «llamadas de atención» y que «si no estaban capacitados para darles pastillas o cuidarla la ingresarían por 'desbordamiento familiar'». Ante esta afirmación, la madre le preguntó el motivo por el cuál su hija querría llamar la atención, a lo que la sanitaria, según relata Rafal, le contestó «tú sabrás».

Una de las principales demandas que argumentan los padres de Isabel respecto a la actuación de estas dos profesionales es que, pese a los evidentes síntomas de empeoramiento de su hija con ingesta de pastillas, consumo de drogas para dormir y numerosas autolesiones, jamás plantearon la aplicación de ningún 'protocolo antisuicidio'.

«Se limitaron a recomendarle una App para el móvil», matiza, mientras que explica que no siguieron los pasos de la Guía informativa para profesionales de Sanidad para la Prevención del Suicidio de la Generalitat Valenciana, en la que se detallan todos los factores de riesgo y protección, las señales de alarma, las herramientas de detección, la estrategia de actuación y la intervención y recursos disponibles para evitar estos casos.

«Como padres ofrecimos alternativas en centros privados, otros terapeutas, pero todas nuestras aportaciones en ayudar con apoyo externo fueron rechazadas, ninguneadas a través de una actitud chulesca y despótica», plañe Rafael.

La familia de Isabel se siente «impotente» porque considera que ambas profesionales «no hicieron nada para mejorar el estado de su hija». De hecho, además de la pertinente denuncia ante la Guardia Civil, sus padres han elevado una queja al servicio de atención al paciente de Requena y al Síndic de Greuges, equivalente al Defensor del Pueblo valenciano.

De acuerdo con las explicaciones de los progenitores, estas sanitarias demostraron una «nula formación» sobre la enfermedad y los recursos que disponían. Ante esta situación, llegaron a apuntarse a unas charlas telemáticas para padres que imparte la Unidad de Trastornos de Conductas Alimentarias del Hospital La Fe de Valencia, donde estuvo ingresada a comienzos de año durante doce días.

Tras el alta hospitalaria, la terapeuta les indicó que el seguimiento de la paciente era exclusivamente de su especialista del ambulatorio y que sería ella quien comunicaría cualquier anomalía. «Durante el ingreso, nos dijo que no nos iba a dejar solos, pero jamás nos llamó», argumenta Rafael.

Isabel comenzó a tener problemas de ansiedad poco después de terminar el confinamiento, lo que llevó a Rafael y a su mujer a pedir ayuda; primero al médico de cabecera y después con una psicóloga de una clínica de Requena. Pese a mejorar su situación, simultáneamente comenzó a perder peso y, ante la posibilidad de sufrir algún tipo de anorexia, les recomendó llevarla a un especialista de dicha materia.

En septiembre de 2021, el profesional que la trataba consideró que debía ser atendida en el Hospital La Fe de Valencia, debido a la drástica pérdida de peso de la menor, que se había quedado en poco más de cuarenta kilos; no obstante, el ingreso no llegó hasta cinco meses después.

Durante este periodo de tiempo, relatan sus padres, empeoró, pasando de la anorexia a la bulimia. Fue en octubre de este año cuando Isabel visitó por primera vez a la psicóloga denunciada que, según Rafael, se limitó a conversar con ella una vez al mes. Les decía que tenían que poner normas en casa, responsabilizarla de sus actos y que posiblemente fueran «demasiado blandos».

Al respecto, la Conselleria de Sanidad, consultada por este periódico, ha lamentado profundamente lo sucedido y ha transmitido a la familia sus más sinceras condolencias, «como ya hizo el gerente del departamento en la reunión que mantuvo con sus padres».

No obstante, de esta cuestión concreta, no ofrece información alguna ya que la causa está judicializada. En todo caso, la Generalitat «es consciente de la falta de recursos que históricamente ha habido para cubrir las necesidades relacionadas con la salud mental y, en concreto, con la que afecta a la población infantojuvenil».

Por ello, apunta que ha iniciado la puesta en marcha de distintas medidas «para mejorar la cobertura asistencial de estos pacientes». De esta forma, en el marco del plan de creación de plazas estructurales en la plantilla de trabajadores de la Conselleria de Sanidad, de las 5.100 plazas creadas desde el mes de julio, 259 se han destinado a impulsar la salud mental.

De acuerdo con las cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, cifra que se ha disparado de sobremanera durante la pandemia del coronavirus, sobre todo entre los jóvenes de 15 a 29 años, con un aumento del 250% del número de llamadas con ideación suicida al teléfono de la Fundación ANAR.

Asimismo, un estudio liderado por el Consejo Nacional de Psicología y la Universidad de La Rioja apunta que casi el veinte por ciento de los adolescentes deseó su muerte en el último año, mientras que un siete por ciento la planificó y un 4,6 por ciento intentó quitarse la vida.