La familia de una menor que se suicidó en Valencia se querella contra una psicóloga y una psiquiatra por homicidio imprudente

Según se detalla en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, los padres de la menor solicitan una pena de prisión de hasta cuatro años y la inhabilitación profesional de las dos terapeutas, de las cuales manifiestan que «no efectuaron diagnóstico alguno respecto de la conducta suicida de la paciente, negándole el tratamiento aun cuando se le requirió de manera directa y reiterada».

En la misma querella, interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena (Valencia), se hace referencia a «nula intervención profesional» por parte de las querelladas, ambas pertenecientes a la Unidad de Salud Mental del Hospital General de Requena, a las que se acusa de actuar «con absoluta negligencia e imprudencia en el tratamiento y diagnóstico de la menor» y no activar el protocolo antisuicidio.

Fue el pasado 28 de mayo cuando la joven se precipitó desde el balcón de su domicilio, tres días después de que confesara a una de las profesionales denunciadas «muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer». Incluso, según se expone en la querella, le relató «un plan suicida concreto» basado en la sobreingesta de medicación, la cual añade «que lo intentó sin éxito y que fue una experiencia desagradable».

Del mismo modo, en esta entrevista entre paciente y psiquiatra, le comenta que «ha pensado en defenestrarse pero como vive en un segundo piso sabe que puede hacerse mucho daño y puede no perecer en el intento». Asimismo, le explica que «se ha realizado cortes en el antebrazo y que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir pero que de momento no se ha atrevido».

Ante esta «grave situación de peligro», la madre de la menor solicitó a la doctora que adoptara un plan de acción o prevención puesto que no podía realizar una supervisión de 24 horas al día y que tenía «temor ante la impulsividad y los deseos verbalizados en torno a la muerte verbalizados por su hija».

En las observaciones anotadas en el parte médico de la joven, incluidas en la denuncia de la familia, se narra una «actitud inhibida, temblorosa y con escaso contacto visual» de la menor, que cuenta que «está peor de ánimos desde hace dos semanas». «Ha caído en un círculo vicioso de consumo de marihuana para evadir la voz interior que le insta a no comer. Verbaliza sentimientos de desesperanza, no cree tener la fuerza para mejorar y solicita ayuda para poder salir de esta crisis», añade el diagnóstico aportado.

Semanas atrás, a comienzos del pasado mes de mayo, la joven acudió de urgencia al Hospital de Requena tras haber ingerido medicamentos y haber consumido marihuana para someterse a un lavado gástrico. El día después, fue derivada a la Unidad de Salud Mental, donde sus padres increparon a ambas doctoras que «no se le estaba dando un buen tratamiento a la menor», por lo que consideraron que «debía permanecer internada por su conducta autodestructiva».

De acuerdo con la información aportada en la querella, la psiquiatra manifestó «de manera déspota» que «hay gente que se pone más de drogas y cubatas y no les pasa nada«», así como que «los niños tienen que experimentar», dando a entender una «normalización» del consumo de estupefacientes para argumentar el alta médica a la menor.

Esta le expresó a la doctora que el consumo de marihuana era «la única manera que había encontrado para evitar el malestar de las rumiaciones continuas en relación a su enfermedad». No obstante, pese a que en el Plan de Prevención de Suicidio y Manejo de la Conducta Suicida de la Generalitat Valenciana advierte que «favorece la impulsividad, la violencia y la desinhibición para realizar tentativas de suicidio», no adoptó acción alguna.

En paralelo, la joven acudía a la consulta de una psicóloga desde noviembre de 2021, fruto de diferentes autolesiones y cortes en los brazos. Los padres apuntan en su denuncia que, pese a las señales de depresión extrema de su hija, esta profesional se mostró «indiferente» y no aplicó «los procedimientos de acuerdo a la 'lex artis' ante esta señal de riesgo».

En febrero de 2022, la menor fue ingresada durante once días en la Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario del Hospital La Fe de Valencia, por trámites realizados por su anterior psicólogo. Tras ser dada de alta fue derivada a tratamiento ambulatorio en su centro de referencia con su terapeuta, quien, según se matiza en la querella, «no dio un adecuado tratamiento al problema de anorexia de la menor».

La psicóloga atribuyó la enfermedad de la adolescente a diferentes aspectos de su relación familiar: «falta de figura paterna», «relación del padre con su novio», «mal ambiente en el entorno familiar», «sobreprotección de la madre», «que los padres no sabían gestionar la adolescencia» e incluso que «solo quería llamar la atención».

Al mismo tiempo que presentaron la querella contra las dos doctoras, la familia de Isabel formalizaron sendas quejas a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a través del Síndic de Greuges -equivalente al Defensor del Pueblo valenciano-, a efectos de una posible incoación de procedimientos disciplinarios.

En las alegaciones presentadas, la familia solicita a la Administración pública que el Plan de prevención y manejo de la conducta suicida «no debe ser ignorado sino conocido y aplicado por todos el personal sanitario con la finalidad de evitar que en el futuro se repitan casos como el de nuestra hija». «Es un escándalo y una vergüenza, pido más medios y más profesionales y que se gestionen bien», explica Rafael, padre de la menor.

Él y su mujer mostraron ante el Síndic su disconformidad por el informe aportado por el Departamento de Salud de Requena, ante sus respuestas «inexactas, evasivas, poco detalladas y carentes de razón para ocultar que se prestó un mal servicio por parte de la Administración a mi hija, pese a que evidenció alarmantes signos de riesgo suicida». «Lo dicho por Sanidad es falso y demuestra un absoluto desconocimiento del abordaje de los pacientes con riesgo suicida», concluye.

Según explica este informe de Sanidad, «el contenido de las ultimas entrevistas no hacia previsible un intento autolítico planificado», aunque existía «una idea fluctuante de muerte como forma de evitar el malestar emocional que estaba atravesando, considerando, además, que no existe ningún factor de riesgo o combinación de ellos que tengan una sensibilidad o especificidad suficientes para predecir el paso al acto».

Destaca, además, que los padres de la paciente «han acudido siempre a las consultas con actitud cuidadora, asertiva y proactiva». Igualmente, matiza que «pese a los esfuerzos desde ambas partes, sus padres en domicilio y la Unidad de Salud Mental como profesionales hemos hecho todo lo clínicamente posible, el desenlace de este caso ha sido el peor imaginable, consistiendo una pérdida para todos los estamentos a cargo de su cuidado».