Mazón votará contra el reparto de menores migrantes del Gobierno por no contar con las autonomías

Así lo ha expresado Camarero antes de asistir el lunes 5 de mayo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se presentará a las autonomías para su votación el Real Decreto planteado por el Gobierno central para el reparto de estos menores migrantes, ante el que ha expresado su firme oposición porque se trata de «una falta de respeto institucional, una convocatoria realizada burlando el reglamento para llevar a cabo un nuevo atropello a las competencias de las autonomías, que desde la Comunitat Valenciana no vamos a tolerar».

A este respecto, Camarero ha criticado que se trata «una decisión hecha a la medida de los intereses de los socios independentistas de Pedro Sánchez, que genera una injustificable desigualdad entre las comunidades autónomas».

Así, ha recriminado el «intento» de un sistema con «criterios políticos» en el que Madrid, Andalucía y Valencia se repartan 50% de los 4.000 menores no acompañados que tiene en la actualidad Canarias, mientras deja a Cataluña con 30 menores, apenas un 0,62% del total a repartir, según sus datos.

«Es intolerable que Sánchez que ya ha pactado y acordado todo con Cataluña, quiera que se refrende un Real Decreto Ley que no ha sido consultado, ni informado, ni negociado con las comunidades autónomas, y supone una nueva cesión al separatismo catalán con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa», ha abundado.

A su juicio, Sánchez «pretende que las comunidades autónomas avalen un decreto ley que establece un mecanismo de protección de menores migrantes no acompañados que es claramente inconstitucional al invadircompetencias de las comunidades autónomas y un intento de Sánchez de mercadear con los menores para satisfacer las demandas del independentismo catalán».

Tanto es así, que la Generalitat Valenciana confirma que presentará un recurso de inconstitucionalidad -tal como anunció hace más de un mes- contra esta decisión que según su interpretación «supone una clara injerencia en las competencias».

Además, la vicepresidenta primera ha expresado su rechazo a los criterios de reparto estos menores procedentes de Canarias dado que «no tiene en cuenta las comunidades que, como la Valenciana, han realizado un importante esfuerzo a lo largo de estos años en la acogida».

Así, ha asegurado que el sistema de protección valenciano «está tensionado y soporta un porcentaje de ocupación cercano al 160%, pese a haber ampliado las plazas el año pasado». Tal y como ha explicado la vicepresidenta, la Comunitat Valenciana es «solidaria», pero también es una comunidad receptora, por lo que su sistema de protección «no soporta una nueva ocurrencia de Sánchez para poner un parche», cuando lo que se requiere una política migratoria «seria, que impida que las mafias sigan jugando con la vida de los menores y que necesita que se trabaje en los países de origen como se hace en la Comunitat», ha aseverado.

«Por responsabilidad y por mantener la calidad en el sistema de protección y la dignidad de los menores«, ha subrayado la dirigente autonómica, votarán en contra, ya que que »pone en riesgo este sistema y la atención de los menores».

Igualmente, Susana Camarero ha pedido al Gobierno que deje de utilizar la crisis migratoria de menores como «arma política» y asuma su responsabilidad como Estado. En su opinión, «el Gobierno sigue sin establecer un plan de actuación responsable y humanitario, con la dotación necesaria, ante la llegada de menores migrantes, especialmente aquellos que vienen solos y en situación de vulnerabilidad».

Por último, ha lamentado que el Gobierno convoque de manera «ilegal» la Conferencia Sectorial de Infancia, sin cumplir con el reglamento y sin convocar la comisión para fijar el orden del día, «impide ejercer a las comunidades autónomas su capacidad de participar en la preparación». Para la consellera, «es una vergüenza la manipulación y el uso partidista que un órgano de participación y coordinación con las comunidades autónomas como son las conferencias sectoriales se utilicen como coartada para seguir con la cesión permanente al separatismo catalán».