La Generalitat Valenciana también acudirá al Constitucional contra el reparto de menas y alerta del riesgo de «hacinamiento»

«La Comunidad Valenciana vive una crisis migratoria» desde octubre de 2023 derivada de la que sufre toda España, ha advertido la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, con la llegada de familias enteras, en muchos casos «a las costas en pateras o desde Comunidad Autónomas vecinas», y también «porque los reconoce la Policía por la calle». Más aún, hay casos de estos adolescentes de 16 y 17 años que se presentan inicialmente como mayores de edad a través de programas de ayuda humanitaria «y luego declaran que son menores y pasan a ser atendidos en el sistema de protección», lo que agrava la saturación.

«Esta situación nos ha obligado a aumentar las plazas en 122, hasta las 317, un esfuerzo en un programa con un coste de 23 millones de euros y sólo se reciben 1,2 millones por parte del Gobierno central», ha asegurado Camarero.

En definitiva, «el sistema sigue tensionado» y en la actual coyuntura «no hay capacidad para acoger más enviados de forma irresponsable por el Gobierno», lo que a la postre -en su opinión- provocará «maltrato institucional hacia los menores» así como «falta de humanidad».

Acerca del decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el recurso ante el Tribunal Constitucional que prepara la Abogacía de la Generalitat se fundamenta contra los o «criterios fijados unilateralmente por el Gobierno para la distribución de los menores», lo que representa «una clara injerencia en las competencias propias de Comunidad Valenciana sobre la protección de menores».

Aunque la ley establece «deberes de cooperación y principio de solidaridad», la vicepresidenta autonómica ha puntualizado que el órgano correspondiente no ha debatido esas condiciones con la Administración central.

Por lo tanto, se han vulnerado los «principios de autonomía financiera», según Camarero, que aparte del citado recurso ante el TC ha anunciado un «dictamen del Consell Jurídic Consultiu» y ha enfatizado su «solidaridad absoluta con Canarias» por el problema migratorio.