La juez de la dana cita como testigos al jefe de prensa de la exconsejera Pradas y un comandante de la UME

Así se desprende de una resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en la que la jueza acuerda estas nuevas citaciones sin indicar una fecha concreta todavía. En concreto, cita ahora al alcalde de Pedralba, Andoni León; al de Montserrat, Sergio Vilar; al alcalde de Turís, Ismael José Corell; y a la alcaldesa de Godelleta, María Amparo Pardo.

Estas citaciones se suman a las de otros 16 alcaldes y ex primeros ediles de la zona más afectada por la riada que se acordaron la pasada semana, entre ellas, la de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Junto a la primera edil 'popular', también se acordó que testificaran los de Riba-roja, Cullera, Torrent, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Picanya, Cheste, l'Alcúdia, Guadassuar, Sot de Chera, Aldaia y Quart de Poblet.

Además, la juez también llamó a testificar a las que fueran alcaldesas de Requena y Chiva en el momento de la dana, que perdieron posteriormente la alcaldía tras prosperar sendas mociones de censura en sus municipios. Estas citaciones se sumaron a las ya acordadas anteriormente de los alcaldes de Utiel, Algemesí, Carlet y Paiporta.

En paralelo, conforme ha solicitado la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, da luz verde a la declaración testifical de un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del exjefe de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior, Salomé Pradas, -una de las dos personas imputadas en la causa junto al exsecretario autonómico Emilio Argüeso- en la fecha de la riada. Junto a ellos, dispone citar como peritos a un catedrático de Geografía Física de la Universitat de València (UV) y a un meteorólogo miembro de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

En otro orden, la magistrada ha emitido un segundo auto en el que califica de «auténtico bulo» la repercusión de la presa de Forata en la crecida del barranco del Poyo, al tratarse de otro cauce, y ha descartado «de plano» que los fallecimientos y las lesiones «tuvieran cualquier tipo de relación» con este embalse.

De hecho, subraya que se debe descartar que Forata «tuviera cualquier tipo de efecto negativo en los sucesos del día 29 de octubre de 2024». Al contrario, sostiene, citando a un experto que declaró como testigo, que produjo un efecto «netamente beneficioso». Así, señala que esta presa «no sufrió de desbordamiento, coronación o rotura que derivara en un aumento de caudal de manera súbita e inesperada y que provocara en definitiva los fallecimientos», según expresó «de manera clara, precisa y extensamente» un ingeniero hidráulico profesor de la Universitat Politècnica de Valencia.

La instructora se pronuncia en estos términos en esta resolución en la que rechaza la petición de una acusación para que declarara como testigo en la causa un participante en la ponencia del Senado sobre el Proyecto de Ley para la protección de infraestructuras críticas, y que califica a Forata como una «infraestructura crítica».

Así señala que Forata «no afectó, pese a la insistencia de algunas representaciones, en el barranco del Poyo». Para la juez, estas afirmaciones «erróneas» eran «disculpables» en un primer momento de la investigación, pero considera que «la insistencia en el presente momento procesal carece de sentido, desvía el correcto análisis de los desbordamientos en barrancos y ríos, y no aporta elemento alguno en la investigación de los fallecimientos».

En esta línea, sostiene que esa afirmación «no se basa en ningún tipo de informe real, dato, más allá de las conjeturas, y se aparta de la simple situación geográfica de la presa, en este caso la de Forata, en relación con los barrancos y cauces». Al respecto, subraya que el perito de la UPV declaró que iba siguiendo los días previos al 29 de octubre las previsiones de Aemet, cuyo papel estimó «plenamente acertado» y era «consciente del llenado de Forata».

La juez subraya que este perito «de forma clara dijo que en el caso del barranco del Poyo no hay ninguna presa, ninguna obra hidraúlica que haga de efecto laminador». Mientras que en el Magro está la presa de Forata que comenzó prácticamente vacía, con una capacidad de 5 hm3.

«Tiene una capacidad de 39 hm3. A las 3 estaba en 11. Entre las 3:10 a 7:10 estaba prácticamente llena, pasó a tener 35,9. La presa hizo un gran papel, manifestó, toda presa que no colapsa tiene un efecto laminador retrasar la punta en el tiempo y disminuirla, si le entraban por cola de embalse lo que salía por el embalse es siempre menor y diferido en el tiempo, y da margen a la población», relata la jueza aludiendo a esa declaración, en la que el experto afirmó que se produjo una laminación del 50% y que la obra de disipación a pie de presa «funcionó correctamente».

En esta línea, explicó que se redujo el caudal «a menos de la mitad y con menor potencial de causar daños». Las compuertas de Forata estaban abiertas desde el inicio ya que es una norma desde lo sucedido con la rotura de la presa de Tous. Así, manifestó que aunque se llenó mucho, el vertido de coronación «no se produjo en ningún momento».

«Dicho vertido por coronación es siempre peligroso, pero por el tipo de presa, tipo arco-gravedad, de hormigón, no es de materiales sueltos, no se erosiona, no hubiera sido un caso Tous. En cualquier caso, dicha posibilidad no se produjo, no se llegó a verter por encima sobre el paso de la presa», recoge la jueza en el auto.

Asimismo, recalca que el perito rechazó «radicalmente» que el barranco de Horteta recibiera agua de la presa de Forata porque «se trata de cuencas diferentes». «A Forata le llegan las aguas que empezaron a hacer daño a Utiel. El papel de Forata se recalcó fue 'netamente beneficioso'. Lo que sale de Forata va a parar a Algemesí y luego confluye con el Júcar, aguas abajo», subraya el auto aludiendo a esa declaración.

Subraya también que carece de objeto la citación del testigo y sostiene que las pruebas deben centrarse «en el objeto de este procedimiento», que ya ha expresado en «reiteradas ocasiones» y que consiste en el «aviso tardío a la población que no pudo adoptar medidas de autoprotección, que ya arrancó de una convocatoria tardía del Cecopi».

En esta línea, la magistrada recoge en el auto que la defensa de Pradas llegó a manifestar que «el Cecopi y el nivel 2 están previstos para cuando la inundación ya se ha producido» y se «defendió insistentemente» por esta representación en esa tesis durante el interrogatorio de un perito el pasado 9 de mayo, Y en que el Cecopi debía convocarse en el nivel 2, no en el 1.

Y añade la instructora que la defensa dijo «y es cuando la inundación ya se ha producido, de manera generalizada». «Dicha aseveración permite entender, que no justificar, lo que desgraciadamente ocurrió el 29 de octubre de 2024», señala la jueza, que recalca que ante esa pregunta, ese perito contestó: «Fíjese lo que acaba de decir, cuando la inundación ya es generalizada; entonces a mí ya no me hace falta un Cecopi, para qué quiero un Cecopi. Si la inundación ya está generalizada estamos superados».