Un inquilino convertido en okupa amarga la jubilación a un autónomo que le alquiló su vivienda en Alicante

Lo que debía ser una etapa feliz de reposo y disfrutando del Mediterráneo después de toda una trayectoria profesional de trabajo para ahorrar, en su Bilbao natal, ahora se ha transformado en una auténtica pesadilla de tensión nerviosa por ver truncados sus anhelos.

Compró el piso con la intención primero de procurarse unos ingresos adicionales cuando llegara el momento de la jubilación, consciente de que como autónomo percibiría el mínimo y no resignaba a subsistir como mileurista, tal como ha relatado a Libremercado.

En estos momentos, el acumulado. de la deuda de su inquilino y los gastos que ha tenido que soportar hacen que haya perdido más de 25.000 euros, según sus cálculos. «El IBI está a mi nombre, la comunidad, la luz y encima me han metido en un registro de morosos», se lamenta, además de denunciar que ni siquiera puede cortarle el suministro eléctrico como medida de presión para que se vaya de una vez. Le han advertido de que eso sería coacción, cuando él coaccionado es él mismo ante esta ocupación de su vivienda.

Como consecuencia de este conflicto, está sufriendo problemas de salud: «He tenido temporadas de baja laboral por depresión», explica el afectado, además de sufrir «insomnio» de forma crónica, por lo que ha recurrido a fármacos.

Aunque en 2022 consiguió en los tribunales una orden de desahucio, la madre del inquilino se ofreció a asumir el pago de todos los alquileres atrasados y él decidió confiar y esperar, pero finalmente tampoco le pagó. Y posteriormente, el decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno -y prorrogado el pasado mes de diciembre tras un pacto con Bildu- ha dejado sin efecto aquel fallo favorable que tenía del juzgado, según su relato.

Al parecer, el ocupante de su vivienda se ha declarado en situación de vulnerabilidad y no hay forma de hacer que la abandone, algo de lo que culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez por proporcionarle cobertura legal, en lugar de ocuparse de darle asistencia o recursos, si realmente esta persona no dispone de ingresos. «Si le tienen que dar ayudas, que sea el Estado, no yo», ha reclamado.

Además, en el colmo de la desfachatez, le han contado desde la comunidad de vecinos que este individuo se dedica a la compraventa de coches, unos vehículos que además muestra a posibles compradores en su plaza de garaje.

De nada le ha servido a José Félix tampoco haber contratado un seguro de impagos, cuando alquiló este piso, ni que un hermano del inquilino firmara como avalista, porque la póliza cubre doce meses y a este familiar del moroso sólo podrá reclamarle después del desahucio y de cerrar el litigio.

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