La Generalitat Valenciana regula la imposición del requisito lingüístico para ser funcionario

Según han explicado en rueda de prensa las conselleras de Administración y Educación, Gabriela Bravo y Raquel Tamarit, se trata de dos decretos distintos que entrarán en vigor durante el primer semestre de 2023 y que no afectará a otras categorías profesionales como docentes y sanitarios -cuyas bases no están exentas de polémica-, ni a los funcionarios que ya tengan plaza, pero sí a los interinos que aspiren a conseguirla.

Tanto Bravo como Tamarit han defendido este despliegue normativo para garantizar que la ciudadanía pueda escoger cómo dirigirse a los funcionarios, dando cumplimiento al Estatuto de Autonomía. «Está en juego el derecho de los valencianos a elegir la lengua que quieran», ha subrayado la titular de Administración, mientras la de Educación ha asegurado que la Comunidad se situará «a la altura» de otras autonomías con lengua propia como Galicia.

Será a partir de 2025 cuando se exija un C1 -antiguo Mitjá- de valenciano a los grupos A1 y A2 (altos funcionarios con estudios universitarios), que se reconocerá a todos los estudiantes que superen la asignatura con una calificación media de siete o superior en los dos cursos de Bachillerato. A los grupos B y C1 se pedirá un B2, que será homologado si aprueban Valenciano en Bachillerato.

Los funcionarios C2 deberán contar con un nivel B1, que también recibirán si superan la asignatura en los cuatro cursos de ESO. En los tres casos, tendrá efectos retroactivos para todos los alumnos que hayan acabado sus estudios a partir del curso 2021-2022.

Hasta 2025 se establecerá un periodo transitorio en el que los funcionarios A1, A2, B y C1 deberán acreditar un B2 -nivel que tendrán homologado automáticamente si aprueban la asignatura en Bachillerato-, mientras a los del grupo C2 se les exigirá igualmente un B1 que obtendrán superando Valenciano en la ESO.

Según han explicado ambas conselleras, la nueva capacitación afectará a las convocatorias de oposiciones de la Administración y los organismos públicos autonómicos, los consorcios adscritos a la Generalitat, los ayuntamientos y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunidad. Así, las oposiciones que se convoquen, una vez publicado el decreto, ya contemplarán el requisito lingüístico en cada categoría.

La consellera de Educación ha defendido la necesidad de establecer «un tiempo transitorio» para materializar la homologación del valenciano, al mismo tiempo que ha confirmado que también se aplicará en zonas castellanoparlantes, aunque ha remarcado que la exención del valenciano es «muy residual». Según ha apuntado, en Primaria es del 0,2%, en la ESO entre un 1,1 y un 3,2% y en Bachillerato del 8,4%.

«Es lógico que en una comunidad bilingüe se exija el conocimiento de los dos idiomas», ha insistido la responsable de Educación, quien ha agradecido a Bravo su «predisposición para llegar a un acuerdo» y ha celebrado que este es «un día muy especial en el que se ha demostrado que acordar es la política útil».

No obstante, ha descartado que esto suponga un impedimento de acceso para trabajadores de otras autonomías, ya que ha garantizado que «se elegirá a los mejores». ¿«Por qué tenemos que pensar que esos no son los que saben valenciano?», se ha preguntado, y se ha marcado como objetivo llegar a «vehicular al 50%» las dos lenguas oficiales para no tener que pedir el valenciano como requisito.

Por su parte, la consellera de Justicia ha matizado que la homologación tendrá carácter retroactivo para los estudiantes de años anteriores que hayan cursado valenciano, unas acreditaciones que podrán solicitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere Valenciano con al menos un 7 de nota en los dos cursos contará con un C1 de valenciano, con carácter retroactivo desde 2021-2022.

De esta manera, Bravo ha garantizado que «no será necesario realizar otro examen» para acceder a la administración y ha hecho hincapié en que el requisito no afectará ni a los docentes ni a los sanitarios porque tienen su regulación específica propia. «Se trata de poner el valenciano al mismo nivel del castellano (...) Es lógico», ha aseverado, y ha rechazado que esto suponga «endurecer» el requisito.

También ha asegurado que «de ninguna forma puede perjudicar« esta capacitación a los funcionarios que ya tienen plaza en la administración, ya que el valenciano no era un requisito cuando accedieron. Eso sí, ha puntualizado que los interinos que quieran concurrir a un puesto deberán cumplir con la norma vigente en el momento de la oposición.

Respecto a la hoja de ruta del Gobierno de Ximo Puig respecto a la aplicación del requisito lingüístico en el ámbito sanitario, como informó ABC, la Conselleria de Sanidad planea baremar los méritos del personal interino dándole una notable relevancia al conocimiento del valenciano, el cual puntuará el triple que una tesis doctoral.

Una propuesta que desde el Sindicato Médico CESM-CV calificaron de «despropósito», al igual que la idea de que se valore más el tiempo trabajado en la Comunidad Valenciana que en otras autonomías.

Del mismo modo, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública incluyó en las bases de la última convocatoria extraordinaria de oferta de empleo público que el valenciano pueda sumar hasta quince puntos, hasta cuatro veces más que un título universitario.