Los pantanos de esta cuenca desaguan y el más grande, Mequinenza, acumula reservas por encima del 92%, una situación que contrasta con la que sufren los regantes del Segura, con restricciones al 25% desde hace muchas semanas y la alerta por 'sequía extraordinaria' paliada mínimamente en los últimos días por estas precipitaciones generalizadas en toda España.
A pesar de esa alegría temporal, el problema de escasez de recursos hídricos en el sureste se ha extendido incluso a la Confederación Hidrográfica del Júcas (CHJ), donde también se ha fijado ese nivel de alarma unos días antes de los chubascos.
En este contexto de sobreabundancia al norte, también en los dos embalses que suministran los trasvases Tajo-Segura, en Entrepeñas y Buendía, donde han superado la barrera de los mil hectómetros cúbicos, un hito en catorce años, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reclamado que no se vuelvan a recortar estas transferencias, ya que hay «agua suficiente y no es cierto que el Tajo se muera, sino todo lo contrario».
De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no podrá durante varios meses mermar el trasvase de 27 hectómetros cúbicos cada treinta días de forma automática por ley, al encontrarse ambos pantanos en situación de Nivel 2.
La realidad hídrica sigue condicionada por factores políticos, tal como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, después de que el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegurara que «agua no sobra» en estos embalses de la cuenca cedente, en el momento en que se batían récords de volumen acumulado en más de una década. Y también cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez conserva su hoja de ruta de transportar caudal desalado a Cataluña a partir de junio si persiste la situación actual de escasez en Barcelona, después de las elecciones catalanas, aunque lo había anunciado antes de conocer la convocatoria a las urnas.
Tanto Mazón como el presidente murciano, Fernando López Miras, han pedido un Pacto Nacional del Agua que garantice la «solidaridad interterritorial», con la filosofía del derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN) que hace dos décadas preveía trasvases desde el Ebro, ahora al límite de su capacidad.
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