El plan del Gobierno para enviar agua desalada de Valencia a Cataluña fracasa con el Ebro en máximos históricos

Mientras, el presidente autonómico valenciano -Carlos Mazón- reclama «solidaridad hídrica» entre las regiones a falta de un plan hidrológico nacional como el derogado hace dos décadas por aquel Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora podría mitigar con un reparto del agua los efectos de la sequía, con situación de emergencia en las cuencas del Segura y del Júcar.

Un solo embalse del Ebro (Mequinenza, el más grande), ha subido su nivel en un año el triple -unos 300 hectómetros cúbicos- del recorte global previsto al trasvase Tajo-Segura a partir de 2027 con los nuevos caudales ecológicos incrementados.

Es más, ingenieros y técnicos catalanes habían recomendado trasvases desde el Ebro hacia el norte con un mínimo acondicionamiento de infraestructuras, al constatarse la sequía y los previsibles problemas de abastecimiento en la provincia de Barcelona. Pero la Generalitat de Cataluña descartó también esa opción.

Mientras en esta zona de la Península Ibérica se acumulan los excedentes hídricos con incluso crecidas e inundaciones, y los dos embalses que suministran el acueducto del Tajo-Segura registran igualmente volúmenes sumados por encima de los mil hectómetros cúbicos como no se veían en catorce años, en el sureste continúan las restricciones al riego al 25% con situación de emergencia por sequía incluso «extraordinaria».

Esta prealerta empezó en el interior de Castellón y el sur de Alicante y se ha extendido a otras áreas de ambas confederaciones hidrográficas, del Júcar y el Segura, hasta llegar a La Marina Baja, en Benidorm.

Y aunque en el Consejo Nacional del Agua, celebrado esta semana en Madrid con representantes de las autonomías invitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha pedido que las reglas de explotación del Tajo-Segura se rijan estrictamente por «criterios técnicos», ha chocado de nuevo con la posición antagónica de la consejera representante de la Junta de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, quien ha planteado un cambio de esas normas para cortar el grifo de los trasvases.

La «alternativa» que dan desde el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page (quien exige «trasvases cero») vuelve a ser explotar al cien por cien las desaladoras de la costa mediterránea, ese recurso que ahora rehúsan aprovechar desde la Generalitat de Cataluña.