El antes y el después del documento de los recortes de los trasvases del Tajo al Segura que niega el Gobierno

La intencionalidad parece clara, porque el planeamiento dejaba abierta la posibilidad -literalmente- de que «no sea necesario» subir los caudales ecológicos y, en consecuencia, seguirían las transferencias hídricas al sureste peninsular.

Además, la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ha regresado de Madrid tras la protesta de este miércoles de los regantes con la confirmación del secretario de Estado, Hugo Morán, de que se cambió esa cláusula por la presión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. No obstante, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido este jueves en que no se tocó entre uno y otro órgano consultivo. A fin de cuentas, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros.

Mientras que en la disposición adicional pactada por Ximo Puig, los agricultores y la Región de Murcia, se condicionaban los incrementos de los caudales ecológicos a una revisión de la situación del agua del Tajo en 2025, para mientras acometer obras y mejorar la depuración de caudales vertidos desde la ciudad de Madrid, luego por sorpresa esa novedad se esfumó tras la reunión del Consejo Nacional del Agua.

En la documentación a la que ha tenido acceso ABC, se puede cotejar que antes del consejo se estipulaba lo siguiente: «Antes de proceder para los años 2026 y 2027 a la aplicación de los caudales ecológicos mínimos fijados en el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo en las masas de agua superficial comprendidas entre los embalses de Bolarque y Valdecañas, el Ministerio evaluará, teniendo en cuenta los resultados del 'Programa especial de seguimiento', si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, en cuyo caso no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos en vigor desde la aprobación del plan».

En cambio, todo ese proceso y otro párrafo desaparecen y fueron sustituidos por otro mucho más escueto e intrascendente, en el que el Ministerio se limita a definir quiénes vigilarán el estado del Tajo. «Con el fin de realizar el seguimiento del 'Programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura', así como del programa de medidas asociado en el ámbito de cada comunidad autónoma afectada, sea cedente o cesionaria, se constituye, presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, una comisión bilateral de seguimiento del citado Programa integrada por tres representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tres representantes de la respectiva comunidad autónoma. Cada una de esas comisiones se reunirá, al menos, una vez al año», figura en el nuevo documento.

«La ministra podrá repetir sus justificaciones para esconder sus torticeras artimañas las veces que desee. Pero aquí estaremos para recordarle y exigirle, por cuantas vías sea menester, que lo hace faltando a la verdad y a la legalidad», ha recriminado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).

Tal como se aprecia en la documentación, «el texto relativo del proyecto de real decreto que fue objeto de informe por el Consejo Nacional del Agua, y que fue aprobado, no se corresponde con el se ha trasladado al Consejo de Estado. Y de eso tenemos constancia con luz y taquígrafos (basta con conocer los testimonios de componentes de esa institución, que son de diferente signo político)», abundan desde la organización de regantes que preside Lucas Jiménez.

«La ministra y el secretario de Estado (a la sazón secretario general del Consejo Nacional del Agua) tendrán que asumir las responsabilidades que se deriven de seguir con esta afrenta a las instituciones del país», advierten.

No en vano, la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha encontrado en este «cambiazo» argumentos legales para invalidar ese proceso, expuestos en las alegaciones presentadas por el Gobierno de Ximo Puig que consideran «nulo de pleno derecho» el acuerdo así conseguido en el Consejo Nacional de Agua por su ilegalidad.

Según estos servicios jurídicos, falló la «participación» en este órgano consultivo y, de hecho, el García-Page se felicitó en aquel momento de que el Plan Hidrológico del Tajo se había aprobado tal como estaba definido originalmente, sin la disposición adicional novena introducida a petición de valencianos y murcianos, conocedor de la maniobra del Gobierno porque había actuado a instancias suyas.

Con estos antecedentes, las declaraciones de la ministra este jueves negándolo ha suscitado la reacción del Sindicato Central de Regantes del Acueducto del Tajo-Segura (Scrats), que ha arrojado luz con la documentación oficial.