Ximo Puig consuma el pulso a Sánchez al alegar contra el recorte en el trasvase del Tajo por desleal e ilegal

En la víspera de la concentración de protesta de los regantes en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica, este miércoles, la Generalitat Valenciana solicitado a la presidenta de este órgano consultivo, Magdalena Valerio Cordero, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico. Se trata del último recurso del líder valenciano antes de que se apruebe por el Consejo de Ministros.

La petición se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat, en las que se acreditan «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso.

Tal como se describe en el informe del organismo jurídico, la controversia tiene su origen en el cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, y ese es el texto original que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre, en una votación en la que la Generalitat se abstuvo.

Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se reescribió el texto, que no es el que se sometió a debate y votación en el Consejo Nacional del Agua. Con la nueva redacción, se imponen unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas «con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura».

Ese texto modificado de manera «unilateral« por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni a la Generalitat Valenciana ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Abogacía de la Generalitat entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación» y que, por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».

Por tanto, la Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha «tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma» y que durante el proceso «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia», principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

Tras esas consideraciones, desde la Generalitat piden que se «rescate» e introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre y que resulta «fundamental» para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Además, la Abogacía de la Generalitat llama la atención en su informe jurídico sobre el hecho de que el nuevo texto del Ministerio hable de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo, tal como sí contempla la versión original suprimida a última hora por el Ministerio.

En consecuencia, ese programa de seguimiento de la situación del Tajo, «ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil», de manera que el nuevo texto enviado por el Ministerio al Consejo de Estado adolece de «falta de criterio y rigor técnico».

Finalmente, tras alertar de que la nueva redacción «cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona», señala que es indispensable recuperar la versión inicial del plan de cuenca.

Aparte de la Comunidad Valenciana, los gobiernos murciano y andaluz también han presentado alegaciones contra estos planes ministeriales de recortas los trasvases, en un frente común inusual, integrado por dos presidentes autonómicos del PP -Fernando López Miras y Juanma Moreno- y uno del PSOE (Ximo Puig).

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha replicado al Gobierno valenciano que el Plan Hidrológico del Tajo no se cambió de forma unilateral y responde «esencialmente» al «consenso» del Consejo Nacional del Agua.

Así lo ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por las alegaciones de la Generalitat Valenciana.

Ribera ha señalado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya anunció que iba a «remitir comentarios» al Consejo de Estado, como lo han hecho Castilla-La Mancha, Murcia y organizaciones ecologistas y académica, lo que le hace pensar que el Consejo de Estado se va a encontrar con comentarios muchas veces contradictorios y no necesariamente jurídicos o de procedimiento».

Entre ellos «habrá muchos que tienen más que ver con el componente emocional», ha indicado al respecto la ministra, para precisar que en este contexto la responsabilidad del Gobierno «es atender al interés de todos preservando el interés general».

Así, ha aseverado que lo que el Ejecutivo ha remitido al Consejo de Estado es «lo que consiguió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua». Al respecto, ha detallado que «en la documentación circulada previamente al consejo se introdujo alguna modificación con respecto a lo que había sido ya consensuado entre territorios, con regantes, siguiendo los criterios para la fijación de los caudales ecológicos, que desde el punto de vista técnico establece la ley, y atendiendo a la necesidad de cumplir con las cinco sentencias condenatorias que el Tribunal Supremo».

Asimismo, ha explicado que «en el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso», que fue «rechazada mayoritariamente» por el Consejo del Agua. «Así que lo que hemos remitido al Consejo de Estado responde esencialmente al consenso que estaba previamente anunciado y establecido, y es sumamente innovador», ha defendido.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) se ha sumado a la concentración en defensa del trasvase Tajo-Segura convocada para este miércoles, 11 de enero, frente al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según han informado fuentes de la organización en un comunicado.

FEPEX ha explicado que el Tajo-Segura «aporta recursos hídricos indispensables para gran parte de la producción y exportación de frutas y hortalizas españolas, sin que hoy en día haya otras alternativas eficientes«.

También la Mesa del Agua de Almería se sumará a la convocatoria del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) en Madrid para protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a la que acusan de firmar la «sentencia de muerte del sector agroalimentario« de Levante.

La entidad considera que la revisión a la baja del trasvase Tajo-Segura «pone contra las cuerdas« al sector agrario, ya que no existe »alternativa« a la disminución del volumen de agua disponible.

Entre las adhesiones, se cuenta igualmente con el alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García, quien ha llamado a participar: «Sin agua no tenemos futuro, no solamente en el tema agrario, sino para cualquier otro ámbito de nuestra sociedad».