El «cataclismo» ecológico de dejar Alicante sin trasvases del Tajo al Segura

Entre las consecuencias de no poder mantener los cultivos agrarios al mermar a la mitad los recursos de agua, además de la pérdida de suelos (por erosión y desertización), caerá la producción de oxígeno y la fijación del CO2, ya que actualmente estos campos funcionan como un «sumidero de carbono», según explicó Alberto del Villar, doctor en Economía Aplicada y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares.

Este aspecto menos conocido constituye un objetivo de la Unión Europea y se puede cuantificar también desde el punto de vista económico. Los beneficios en una zona como el Campo de Cartagena se estiman en una horquilla de entre 640 y 6.414 euros por hectárea y año por las emisiones de C02 que dejan de producirse en la atmósfera, lo que eleva el montante a cerca de mil millones de euros al año. Por lo tanto, «más vale una hectárea regada por agua del trasvase que una hectárea de placas solares fotovoltaicas» para fijar CO2, comparó este especialista en agua que ha participado en foros internacionales, durante una jornada organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS).

«Además es fundamental por cuestión de calidad y mezcla con otras aguas», añadió Joaquín Melgarejo, catedrático de la Universidad de Alicante, en referencia a que los caudales trasvasados también se emplean para aprovechar combinados con otros residuales, que proceden de un tratamiento terciario de depuración.

Hay por lo tanto, «razones ambientales» para mantener el status quo actual de conexión entre ambas cuencas, ya que buena parte de la reutilización hídrica procede de ese mix, al ser regeneradas y su recorte tendrá u «efecto multiplicador» con otras aguas, también porque sirve para mejorar la calidad de las desalinizadas, debido al boro que contienen estas últimas para los cítricos. Melgarejo calculó que, en total, cada año dejarán de aprovecharse otros 140 hectómetros cúbicos, más el centenar recortado a los trasvases, por la elevación anunciada de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasan de seis metros cúbicos actuales a 8,65 a partir de 2027, con una transición en ese periodo de cuatro años.

Paradójicamente, un volumen similar de agua (113 hectómetros) se «tiraron» en el último año, es decir, se desaprovecharon aunque estaban depuradas, ya que se vertieron al Tajo. Alberto del Villar detalló que con una población de siete millones de habitantes en la aglomeración urbana de Madrid, sólo el 1% de sus aguas fecales sin tratar equivalen a que una ciudad de 70.000 habitantes vertiera todos sus desechos líquidos al río. Por lo tanto, «aumentar el caudal para diluir la contaminación no tiene ningún sentido» como se pretende ahora por parte del Ministerio, a su juicio.

Aparte del CO2 que dejará de eliminarse al perder masa arbórea y la actividad agraria, y de esa peor reutilización de aguas mezcladas, los planes del departamento de la ministra Teresa Ribera dispararán los costes energéticos y van a contravenir directrices europeas.

Melgarejo recordó el proyecto de «conectar las desalinizadoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas y bombear el agua hasta el embalse de la Rambla de Algeciras», contemplado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). «Esto parece que sea gratis, y de nuevo el Ministerio lleva ante una tesitura muy grave», por al gasto en electricidad para desalar habrá que sumar el de elevar esos recursos hídricos generados y en Europa van a rechazar esta «hipoteca energética», dado que «está prohibido subvencionar agua para una actividad económica», según el catedrático de la Universidad de Alicante.

En números, se pasará de un consumo de energía de 1 kW/hora a 4 kW/hora. «¿En qué proporción se va a cubrir eso con plantas fotovoltaicas?, que a lo sumo van a trabajar ocho horas al día y las desalinizadoras tienen que funcionar las 24 horas», se preguntó Melgarejo, convencido de que esa alternativa del Gobierno «es inviable desde el punto de vista energético». Y este incremento repercutirá también en el precio final del agua para el regante, con «cálculos muy conservadores», el metro cúbico partirá de salida de 0,56 euros, aunque este experto aseguró que en un viaje a Tenerife comprobó que sale a 1,21 céntimos, en realidad, con lo que se pondrá «la soga al cuello» a los agricultores.

El director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, corroboró los «perjuicios ambientales» que el Ministerio desdeña en la cuenca del Segura, también por el inevitable «consumo de combustibles fósiles» para contar con energía suficiente para la desalinización.

Este profesor de Derecho Administrativo apuntó que podrían reclamarse «posibles indemnizaciones muy cuantiosas», por responsabilidad patrimonial y lucro cesante, o una colectiva por acumulación de afectados, a través del SCRATS, cuyo presidente, Lucas Jiménez, recordó las inversiones de las comunidades de regantes.