Empieza a caer la producción de hortalizas en España por el recorte del trasvase Tajo-Segura

En total, van a ser 19,5 millones de kilos, un 10% menos en esta campaña de invierno en comparación con los 21,5 millones en 2022, según ha informado Asaja. En concreto, se trata de alcachofas, brócoli, coliflor, romanesco, patatas y habas.

Aunque también influyen los incrementos de costes -sobre todo, de abonos- por la inflación y las altas temperaturas, desde esta organización agraria han resaltado que «entre los principales factores que han incidido en el recorte del monto, destaca la incertidumbre en la disponibilidad de agua para riego del trasvase Tajo-Segura».

El cultivo estrella de la zona, la alcachofa, es el que más ha acusado estos problemas y esta campaña tan solo se cultivarán 600 hectáreas, un 25% menos que una campaña normal, y la producción no pasará de los 10 millones de kilos, según ha precisado Pedro Valero, presidente de Asaja Elche.

«Sin trasvase, desierto y paro». El lema resume el último SOS que lanzarán a la desesperada este martes, 24 de enero, los regantes del Tajo-Segura plantados en las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, donde el Consejo de Ministros tiene la última palabra el futuro de esta infraestructura.

Después superar los pasos previos en los órganos consultivos del Consejo Nacional de Agua y del Consejo de Estado, con polémica por el «cambiazo» que hizo el Ministerio de Transición Ecológico y Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera, llega el momento de la verdad.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, denuncia en un vídeo el carácter «ideológico» de la medida de elevar los caudales ecológicos en el río cedente, que entraña la merma de las transferencias hídricas a Murcia, Alicante y Almería en un centenar de hectómetros cúbicos anuales.

Aunque el portavoz agrario no lo menciona explícitamente, el trasfondo apunta a la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de contentar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ya ha mostrado su satisfacción y orgullo porque el plan de cuenca del Tajo no se ha movido ni una coma de sus pretensiones. En el extremo contrario, su homólogo de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, sale derrotado al excluirse su disposición adicional para revisar el estado de las aguas del río en 2025 antes de elevar caudales ecológicos. Su vicepresidenta, Aitana Mas, ha anunciado posibles acciones legales.

Entre los argumentos esgrimidos por los regantes, que «el dictamen del Consejo de Estado confirma la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura«, ya que apunta a que ambos deberían ser »compatibles«, además de que »cuestiona la metodología de cálculo de los caudales ecológicos».

También señalan que el citado órganos consultivo «se apoya en las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del Trasvase Tajo-Segura«, aunque en el Scrats ya son conscientes de que el Ministerio »interprete el dictamen del Consejo de Estado como un aval para seguir adelante con los planes previstos».

En esta manifestación, pretenden que el Consejo de Ministros «comprenda la gravedad de una decisión que aboca al Levante español a un futuro que se desvanece, fruto de la insostenibilidad de los recortes del trasvase».

El Consejo de Estado afirma que el Gobierno de España puede aprobar el real decreto, «sin perjuicio de la conveniencia de considerar las observaciones formuladas en este dictamen» por lo que la decisión final está ahora en la mesa del Consejo de Ministros que será quien refrende pasar de 6 m3/s de caudal ecológico a los 8,65 m3/s que defendía la ministra Ribera. «Cuestiones que carecen de aval técnico, dado que todos los informes independientes avalan el caudal actual», subrayan.

«Desde el SCRATS se lleva denunciando desde hace meses que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento», detallan.

Como consecuencia, habrá una pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.

«Aún no hemos perdido esta batalla», se rebelan: «Nos han sentenciado, sin dejarnos mediar palabra, y han obligado a nuestras voces a gritar desde el otro lado de la valla», es su queja.

A esta convocatoria del Scrats para protestar en Madrid se sumarán, entre otros, los agricultores de Asaja en Elche y Alicante, antes «esta injusticia«.