La Diputación de Alicante presenta su recurso contra el recorte inmediato del trasvase Tajo-Segura frente al de Puig para 2026

A pesar de la «incalificable decisión del Gobierno», el presidente autonómico Ximo Puig ha «aceptado» la primera subida de caudal ecológico a siete metros cúbicos por segundo, que ya va a ocasionar 84,9 millones de euros y la destrucción inevitable de 2.400 empleos, además de la «deslocalización de empresas», al mermar en 28 hectómetros cúbicos el volumen trasvasable para este año, según Mazón.

Sin informes técnicos y académicos, la Generalitat elevó su recurso enfocado solo para recuperar la disposición novena en el Plan del Tajo, que aplazaba a 2026 la decisión de elevar caudales ecológicos en función de la mejora del cauce este río, después de acometer inversiones hidráulicas y mejorar la depuración de aguas vertidas desde Madrid.

Pero Mazón ha objetado a esta estrategia que «los daños actuales no podrán compensarse con subvenciones, y el anuncio de infraestructuras y de ampliar la capacidad de las desalinizadoras requieren años», por lo que mientras tanto se favorecerá la «desertización» y las pérdidas en la agricultura.

Además, se ha constatado que no hay «ningún estudio» que pruebe que el aumento de un metro cúbico de caudal ecológico ni los posteriores vayan a tener un beneficio ecológico medioambiental, y así queda reflejado en el recurso de la Diputación ante el Supremo.

Mazón ha señalado el «coste energético y medioambiental» de la apuesta por la desalinización como alternativa a los trasvases, así como el aumento de las tarifas del agua, no solo para riego, sino también para el abastecimiento urbano, con agua desalada que tiene un alto contenido en boro y genera más emisión de C02 a la atmósfera.

La postura de Puig «va a condicionar gravemente al Supremo», ya que avala con su recurso esta primera subida caudal ecológico: «No tiene sentido pedir una medida cautelar para 2026, esto es un engaño, un teatrillo que ha montado Puig con sus compañeros del PSOE», ha criticado Mazón.

«Recibir por parte del Tribunal Supremo de una misma comunidad autónoma, que se supone que defiende la misma tierra y a la misma gente, una solicitud por parte de la Diputación que sí que está en contra del primer hachazo y otra de la Generalitat claudicando ante ello, puede generar una controversia y un lío de interpretación jurídica de primera para el alto tribunal», ha detallado el presidente de la Diputación.

Por su parte, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, ha corroborado que la estrategia jurídica de la administración autonómica puede afectar de manera negativa la resolución «porque en la práctica procesal, una vez se resuelve una cautelar en un sentido desestimatorio, es muy difícil que el tribunal en los recursos sucesivos estime la suspensión».

En este sentido, ha añadido que «al haber enfocado la Generalitat de manera parcial la cautelar y además, por la información que tenemos, no de una forma suficientemente fundada en dictámenes e informes técnicos, eso pueda prejuzgar, sí se desestimara, al resto de medidas cautelares solicitada por otros demandantes».