El Defensor del Pueblo admite la queja del PP contra el decreto de plurilingüismo valenciano

Gascó ha explicado en un comunicado que la queja "está motivada en que este decreto discrimina a los niños y jóvenes de habla castellana corrompiendo su derecho constitucional, desnaturaliza el Estatuto de Autonomía y, además, va en contra de leyes orgánicas educativas".

En el texto se solicita al Defensor del Pueblo que realice las actuaciones pertinentes para "restituir la igualdad de trato para las dos lenguas oficiales y el respeto para quienes libremente elijan castellano".

También le pide que actúe para que "educarse en la lengua materna no suponga estigmatización, que no haya recompensa con titulación en inglés para quien abandone su lengua, que sigan siendo madres y padres quienes elijan y que no se declare a ninguna lengua 'de manera general' como exclusiva en el ámbito escolar, donde las relaciones deben estar presididas por la libertad y no por la imposición".

Beatriz Gascó ha subrayado que el decreto del Consell "incumple la legalidad al vulnerar los derechos de quienes opten por estudiar en castellano al verse penalizados ".

"Se discrimina en función de la lengua y es evidente que con esta norma los alumnos castellanohablantes van a ser discriminados y van a tener muchas menos opciones académicas en el presente y laborales en el futuro", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que la norma "es adoctrinadora y va más allá de la regulación estrictamente educativa . Dice expresamente que 'se deben dar pasos más allá de las aulas y ayudar a los alumnos a construirse una identidad'. Están copiando la hoja de ruta diseñada por el independentismo catalán".

Según la diputada popular "estamos ante un chantaje a las familias , una coacción y una extorsión porque da más inglés a cambio de más horas en valenciano. Si se quiere aprender inglés hay que pasar por el aro de Compromís".

"Es un chantaje que condiciona a las familias, e incluso suprime la enseñanza en inglés en infantil desde los tres años, un retroceso sin ninguna evaluación que lo justifique", afirma.

"Se aboca a las zonas castellanohablantes a tener peor formación -ha agregado-, y no garantiza la igualdad real pues a unos los considera básicos y a los de valenciano avanzados. Esta discriminación no se puede consentir en una sociedad democrática y libre".