Los argumentos del juez que dejan a Mónica Oltra al borde de la imputación

A la espera de la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, las peticiones de dimisión desde la oposición - que Oltra no contempla - han sido constantes ante el cierre de filas del Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- ante la posible imputación de su también portavoz.

En una exposición razonada de 71 páginas, consultada por ABC , el magistrado pone el foco en que «desde el punto de vista de la investigación, en modo alguno puede soslayarse» que la manera de proceder de los trece investigados «tuviera que ver con decisiones de la máxima responsable de la Consellería -de Igualdad y Políticas Inclusivas- en la que trabajaban o de la que dependían todos ellos». Desacreditando a la víctima, una menor tutelada de 15 años, beneficiaban al educador del centro concertado Niño Jesus de Valencia condenado a cinco años de prisión -pendiente de recurso en el Supremo-, Luis Ramírez Icardi.

Sin embargo, matiza el juez, «no puede negarse que los hechos afectaban de forma muy relevante» a Oltra, «no solo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas , ante la carencia de cualquier protocolo en la Conselleria para proceder en supuestos tan graves como el del abuso sexual continuado de una niña tutelada y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido».

En ese sentido, el instructor pone el foco en varias formas de proceder inusuales. Entre ellas, que desde el primer momento, e l nombre del educador no apareciera completo en ninguno de los informes redactados desde que la víctima relatara los hechos en febrero de 2017. Las responsables del centro -«no se alcanza a entender por qué»»- no dieron credibilidad a la chica e «incomprensiblemente» no se le derivó en un primer momento a un servicio especializado -el Instituto Espill-. Todo el mundo en la residencia conocía la relación del agresor con la dirigente de Compromís.

«Al nivel propio de los indicios, no existió en sede de Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contraro, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos», señala el magistrado. De las diligencias practicas se extrae que los subordinados de Oltra que conocían lo ocurrido actuaron «en total discreción», tal y como una de las funcionarias indica en un correo electrónico de esas fechas.

Incluso se permitió que el educador, cuando volvió al centro a las pocas semanas como si nada hubiera ocurrido -ni se informó a Fiscalía ni se incluyó en el expediente de la menor-, redactara un protocolo de actuación para educadores del turno de noche.

La menor acabó relatando los abusos en junio a dos policías que se personaron por otros motivos en la residencia en la que vivía. La Fiscalía abrió diligencias en junio -envió tres requerimientos sin éxito a Igualdad- y el 27 de julio un juez ya había abierto un procedimiento y dictado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

La versión de Mónica Oltra se ajusta a la de los plazos judiciales. La titular de Igualdad asegura que conoció lo ocurrido cuando recibió una notificación judicial en su casa. El juez ha verificado que esa comunicación llegó el 4 de agosto. Cuatro días después, el 8 de agosto por la tarde, se recibió en la dirección territorial de Igualdad.

El instructor destaca en su escrito dirigido al TSJ que Oltra «es la única que ha reconocido públicamente» que conociera la existencia de un proceso judicial en marcha cuando se abrió un expediente informativo, bajo el nombre de «Información Reservada 1/2017». Pese a que tras la declaración de dos altos cargos desmitiendo su versión la vicepresidenta haya matizado que fuera ella quien ordenara abrir esa «investigación paralela a la judicial carente aparentementede todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales, con el consiguiente coste», el juez considera que todos los indicios apuntan en esa dirección.

Es este el punto más controvertido de la causa, pues pese a que la consellera ha asegurado que quiso conocer los fallos del sistema, el estado de la joven, «saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima a Espill, por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta…», el objetivo del informe no era ese: se orientó a « desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado».

De hecho, el magistrado hace alusión al planteamiento que Oltra utilizó durante su comparecencia en las Cortes Valencianas en abril de 2021: «Pues bien, ¿se imaginan que ante esta situación yo como consellera no hubiera movido ni un dedo para ver qué ha fallado, ni para ver cómo está la joven, ni para asegurarme si es cierto lo que cuenta? ¿Qué me habrían dicho ustedes?».

La respuesta -asevera el juez- es «simple»: « No hubiera ocurrido nada , porque a eso ya se dedicaba quien por Ley tiene encomendada esa función, que no es otro que el Juez de Instrucción, una vez judicializadas las diligencias de la Fiscalía Provincial».

Además, incide en el «sesgo» del docuemnto y en la dureza con la que se trata a la menor. Ese informe psicológico del Instituto Espill concluyó que la versión de la víctima era era «poco creíble» . A la Fiscalía solo se remitió en dicimebre de 2017 el expediente final, basado en el de Espill, que calificaba como «no creíble» el relato de la joven. El archivo completo fue enviado al Ministerio Público dos años después, cuando ya se había celebrado el juicio, que tuvo que repetirse parcialmente.

La causa tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular. Surge a raíz de la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor y en la que ya se indicaban indicios de encubrimiento por parte del personal de Igualdad.