Dos instituciones europeas examinan la amnistía este jueves

Su presidenta, Claire Bazy Malaurie, cinco relatores y un asistente formarán la comitiva que se verá con miembros de los principales partidos del Gobierno y de la oposición (PSOE y PP), así como con algún representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según ha podido saber ABC.

El resultado de los contactos será un informe que se publicará previsiblemente antes de que acabe este mes, previo al pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de mediados de marzo, según las fuentes conocedoras de la visita consultadas por este diario.

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Dicho informe, solicitado por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, aportará una visión amplia sobre la medida de gracia desde la perspectiva de su cabida en el Estado de derecho. No analizará si es correcto o no que España apruebe la ley impulsada por el PSOE y los independentistas catalanes ni si se ajusta al marco constitucional, puesto que ese no es el papel de la Comisión de Venecia, sino que cada Estado tiene sus propios órganos para hacerlo.

Sí se abordará la posible afectación a la independencia judicial de la propuesta para que los jueces intervengan en comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, así como si los delitos de terrorismo y malversación son amnistiables o la manera en que el Poder Legislativo aborde la posible existencia de una supuesta guerra sucia judicial o 'lawfare', cuestiones que preocupan en el marco europeo.

Las preocupaciones sobre la situación del Estado de derecho en España tienen cada vez más presencia en el debate político europeo. También está previsto que el mismo jueves se examinen formalmente los últimos acontecimientos, incluida la ley de amnistía, en el grupo de trabajo creado para este objeto en la Comisión de Justicia y Libertades (LIBE) del Parlamento Europeo.

La reunión será en Estrasburgo (Francia) a puerta cerrada y a ella ha sido invitado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aunque este lunes a última hora no había confirmado todavía su asistencia. También están invitados los colectivos de jueces y fiscales, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), además de la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que intervendrán con sus respectivos representantes.

Este grupo fue creado por la comisión LIBE en la anterior legislatura para examinar la situación en dos países, Malta y Eslovaquia, entonces gobernados por primeros ministros socialistas después del asesinato de dos periodistas que investigaban sobre corrupción.

En los dos países, la situación llevó a la dimisión de los dos jefes de Gobierno, tanto el maltés Joseph Muscat como el eslovaco Robert Fico, cuyo partido sería expulsado del grupo socialdemócrata. El grupo de trabajo está formado por 14 eurodiputados de todos los partidos y el único español es el popular Javier Zarzalejos. Oídos los comparecientes en esta sesión a puerta cerrada, el grupo de trabajo puede acordar recomendaciones concretas a la Comisión de Libertades.

También en Estrasburgo, este martes está previsto que se celebre un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre las injerencias rusas en la política europea. El grupo popular afirma que aprovechará la ocasión para denunciar una vez más los vínculos del entorno del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont con los emisarios de Putin y pedirá que se investiguen hasta el final, después de que se revelasen los vínculos de una eurodiputada letona, Tatjana Zdanoka, con los servicios secretos de Vladimir Putin. En este sentido, la delegación de Ciudadanos (CS) ha pedido a la presidenta de la Eurocámara, la italiana Roberta Metsola, que incluya a Puigdemont en la investigación que ha ordenado abrir en el caso de la representante de Letonia.

Y este jueves está previsto también que se vote la resolución que se seguía pactando la noche del lunes entre los distintos grupos y en la que el socialista tendrá que definir claramente cual es su posición en un fenómeno que preocupa a todas las instituciones comunitarias. Es más, la Comisión Europea ha reconocido que sigue considerando esta cuestión como una «amenaza híbrida» a la seguridad de la UE e insistie en que corresponde a los países miembros «tomar las medidas para reducir el riesgo de las interferencias extranjeras» en la política europea.