El choque entre Llop y los letrados judiciales prolonga el bloqueo de los tribunales

El paro se ha traducido ya en la suspensión de más de 160.000 juicios y vistas y el bloqueo de 535 millones de euros y 130.000 demandas que no se han podido repartir. A ello se suman los dos millones de notificaciones telemáticas que se han quedado en un limbo. Según fuentes del colectivo, que exige mejoras salariales al haber asumido más competencias como directores de la oficina judicial, cada semana de huelga se traduce en la suspensión de 55.000 actos procesales y el bloqueo de 150 millones de euros.

El Ministerio de Justicia achaca la falta de acuerdo a que los LAJ hayan «elevado sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas y sin proponer ninguna otra alternativa». Culpan a los huelguistas, además de «negarse a desconvocar» el paro para «avanzar en el diálogo y la negociación», de poner sobre la mesa una nueva exigencia salarial.

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Por su parte, los letrados judiciales advierten de que Justicia, en concreto el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, fue a la reunión solo con la exigencia de que desconvocaran la huelga. Se comprometió, eso sí, a estudiar la posibilidad de subir los sueldos de los funcionarios que menos ganan según los destinos en los que están adscritos, algo que consideran «claramente» insuficiente. Pero lo más «desconcertante» para los convocantes de la huelga fue la situación vivida, ya de madrugada y hasta las ocho de la mañana. «En las primeras horas de la reunión intentamos entrar en el fondo de la cuestión, debatir los diferentes aspectos del conflicto. En algunos momentos se pudo, pero en la mayor parte de la reunión se limitaron a exigirnos la desconvocatoria. A partir de las doce de la noche dejaron de contestarnos y la 'reunión' siguió ahí toda la noche, sentados nosotros a un lado, ellos al otro y en silencio», relató el representante del comité de huelga Juan José Yáñez.

El portavoz de los letrados recordó que Llop dijo que quería abrir un «diálogo honesto» con ellos. «Después de 15 horas de reunión ni hubo diálogo ni hubo honestidad», acusa a Justicia. «Su única propuesta demuestra una falta de voluntad para alcanzar cualquier tipo acuerdo», lamentó. A su juicio, es una «absoluta irresponsabilidad» por parte del equipo ministerial no negociar con el comité de huelga pese a haberlo convocado. Las tres asociaciones -el Colegio Nacional de Letrados (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ)- abundaron en esta idea: «Ellos son los únicos responsables del tremendo daño que se está causando a la población española y a los operadores jurídicos; cualquier queja deberá dirigirse al ministerio».

Por lo pronto, los letrados judiciales del Tribunal Supremo pidieron ayer al comité de huelga que solicite un cambio de interlocutor válido en el ministerio, «de orden más elevado, con mayor capacidad de decisión y capaz de entablar un diálogo constructivo y real para el buen fin de la negociación». Todo ello ante la «extrema gravedad» de la situación. Parece evidente que, al descartar al número dos de Llop, quien ya ha protagonizado algún desencuentro sonado con este colectivo, al que llegó a llamar sedicioso, aluden ya directamente a la ministra.

Al igual que con los datos de seguimiento de la huelga, que Justicia cifra en una participación mucho menor que los huelguistas (30-40 por ciento frente a un 70-80 por ciento), también difiere la versión del Ministerio de Justicia respecto a la de los convocantes. Acusan a los representantes de los LAJ de haber abandonado la mesa de negociación después de elevar sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas.

«La reunión, que se ha prolongado 15 horas (hasta las 8.15 de hoy viernes -por ayer-) ha concluido sin acuerdo después de que los letrados de la Administración de Justicia, además de negarse a desconvocar la huelga para avanzar en el diálogo y la negociación, decidieran plantear una nueva propuesta al ministerio elevando sus exigencias salariales con un planteamiento que supondría una doble cláusula de enganche», señala Justicia. «La nueva exigencia supone que, además de que cada letrado, individualmente, cobre el 85 por ciento de lo que perciben los jueces de sus respectivos órganos judiciales, el conjunto de la masa salarial de los letrados de la Administración de Justicia esté también referenciada a la masa salarial de la carrera judicial, lo que en la práctica supondría una doble cláusula de enganche, es decir, una doble subida salarial», argumenta el departamento de Llop.

Entre las peticiones que ya estaban sobre la mesa está la adecuación de sus salarios a su condición de grupo A1 y a las 300 funciones que asumieron con la reforma de la ley de 2009. El ministerio asegura que se les paga ya por esas nueva funciones y que su sueldo ha subido un 15 por ciento. Piden, además, un marco de negociación colectivo propio donde las asociaciones profesionales puedan ejercer mayor protagonismo para poder abordar de forma directa temas como los permisos.

Las asociaciones de jueces irrumpieron ayer en este conflicto para rechazar la equiparación que pretenden los letrados judiciales. «Las funciones y responsabilidades que la Constitución encomienda con carácter exclusivo y excluyente a jueces y magistrados impide la asimilación retributiva de cualquier otro cuerpo», sostuvieron las mayoritarias APM y Francisco de Vitoria.

No obstante, reprochan a Llop su «falta de interés y compromiso con una Justicia eficiente y de calidad». «Su comportamiento recuerda los incumplimientos reiterados con la carrera judicial, que nos han forzado, tras estériles negociaciones, a acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de los mandatos de la ley de retribuciones», dicen. Por su parte, Jueces para la Democracia, además de criticar la equiparación salarial pretendida, echó un capote a la ministra llamando a la responsabilidad de los implicados «en una situación que se demora en exceso y genera unos perjuicios en un servicio ya de por sí deteriorado».