La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia suspende 110.000 asuntos en tres semanas

La actividad de los juzgados ha caído un 60%, según los datos del Comité de Huelga. Los asuntos se acumulan y las sentencias que se dictan no llegan a destino y hay ya jueces y funcionarios estos días que no tienen trabajo que hacer. Porque un órgano judicial puede funcionar a medio gas sin su juez, pero no sin su letrado. Y pese a ello, «parece que no pasa nada».

«Somos unos auténticos desconocidos», lamenta en declaraciones a ABC María José Cañizares, miembro de la ejecutiva del Consejo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Es una de las tres asociaciones mayoritarias en la carrera, junto a la Unión Progresista (UPSJ) y la Asociación Independiente (AINLAJ), que llamaron a los suyos a una huelga indefinida en enero como último recurso ante lo que consideran un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia.

Este es un conflicto que viene de lejos, cuando en 2009 una reforma quitó trabajo a los jueces para descargarlo en sus letrados sin que apreciasen una mejora consecuente de sus condiciones. Tras años de idas y venidas, el Ministerio de Justicia se comprometió en 2022 a regularizar su situación con una modificación del sistema de retribución que fue bien acogida por el colectivo.

Porque como comentaba un LAJ del Tribunal Supremo a ABC, en esto «es el fuero y no el huevo»; es decir, no se trata de la cantidad de dinero, sino el modo en que se calculan y actualizan las tablas salariales. Quieren tener un sistema homologable al que rige con jueces y fiscales, lo que no significa cobrar lo mismo, sino con parámetros fijos, fuera del albur de la negociación sindical.

Esa decisión del Ministerio de Justicia decayó pocos meses después de anunciarla, afirman, por decisión unilateral del departamento que dirige Pilar Llop. Y ni las protestas ni los comunicados ni los días de huelga convocados a finales del año pasado surtieron efecto. Tampoco la carta que enviaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que Moncloa contestó con un reconocimiento de lo importantes que son los LAJ y un deseo de éxito en una negociación que según viene denunciando el Comité de Huelga, no existe.

Así llegaron al 23 de enero, la primera huelga indefinida en este colectivo nuclear para la Administración de Justicia que, con sus cifras, tiene un seguimiento medio por encima del 80% en todo el territorio nacional. Justicia no ha cifrado el respaldo por encima del 40% ninguna jornada. Cañizares lo atribuye a una diferencia en el cómputo y pone todo el acento en la ausencia de noticias de Llop, más ocupada con el 'sí es sí' que con un fuego que atañe directamente a sus competencias.

Esta semana, los secretarios de Gobierno (superiores jerárquicos de los LAJ) tuvieron una reunión sobre la huelga con el ministerio de la que solo obtuvieron un comunicado diciendo que se convocará al comité. Ayer se puso fecha: el día 16. «La ministra no tiene tiempo hasta dentro de una semana para reunirse y resolver el problema más grave de la Administración de Justicia en la historia reciente de España», lamentan las organizaciones convocantes.

El paro es desigual, no obstante. En el Tribunal Supremo, prácticamente la totalidad secundan la huelga, lo que se traduce en una parálisis y lentitud generalizadas. Allí comentan que no se ha visto nada igual en la historia del tribunal. Varios recursos contra decretos del Gobierno están parados.

A pocos metros, en la Audiencia Nacional, se nota menos. Han suspendido alguna declaración pero los grandes juicios previstos se están celebrando. En ámbitos como las consignaciones el impacto es medible: más de 350 millones de euros pendientes de entregar por la huelga, dice el Comité.

Pero la batalla real se mide en los juzgados ordinarios. «A mi me han suspendido una veintena de asuntos», explica Natalia Velilla, magistrada de Primera Instancia en un juzgado de Familia y Menores de Móstoles, en Madrid. Incide en la relevancia que tienen los LAJ y lo incomprensible que, en su opinión, resulta que Justicia no haya buscado ya una solución.

Critica, además, el abordaje que ha hecho el ministerio de la huelga, con «unos servicios mínimos absurdos» que tratan como urgentes unos asuntos que no lo son tanto y dejan fuera otros que sí se deberían abordar.

Pone un ejemplo: una «familia desesperada» por un proceso de medidas de apoyo (incapacidad) iniciado en 2020 y que cuando llega por fin a resolverse, se suspende por falta del LAJ.

En Valladolid se ha suspendido el juicio a una mujer que trató de asesinar a su marido. En Lugo, el que sienta en el banquillo a un hombre por abusar de una menor. Y en redes sociales hay quienes proponen celebrar los juicios sin la presencia del letrado si hay acuerdo entre las partes, junto a mucho abogado que lamenta haber hecho kilómetros para al llegar a destino descubrir que lo suyo no va a celebrarse. «Deberían estudiar Derecho», critica Velilla. Recuerda que «ningún acto judicial se puede hacer sin un LAJ», la «doble garantía del procedimiento».

El Comité calcula que cuando llegue la reunión con Llop se habrán suspendido 55.000 juicios más, con el impacto que ello tiene para los ciudadanos.