Ceuta responsabiliza al Gobierno del retorno de menores

En el mismo sentido, expuso que la relación era fluida con la Delegación del Gobierno, cuya titular, Carmen Mateos, también está imputada, pero no en los términos de un concierto entre ambas que apunta la Fiscalía, sino porque cada una en sus competencias estaban ejecutando un plan respaldado desde Madrid. Llegó a poner a disposición del juzgado su teléfono móvil para que pudiera contrastar por sí misma que el Ejecutivo ceutí no estaba solo en la maniobra, de acuerdo a las mismas fuentes. La acusación popular que ejerce la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado instará que le sea requerido, según informó ayer su portavoz, el letrado Rafael Escudero.

Por otra parte, durante el interrogatorio, en el que sólo se avino a responder a la juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Deu criticó a la responsable del Área de Infancia que denunció los hechos ante el fiscal en primer lugar y que se mostró crítica con las repatriaciones porque estaban fuera del cauce de la Ley de Extranjería. Afirmó que su parecer no fue atendido porque es una persona sin formación jurídica y al fin y al cabo, consideraba que lo que estaban haciendo era desarrollar un convenio bilateral con Marruecos. Apuntó que le produjo satisfacción conseguir tan buena coordinación, habida cuenta de que el país vecino no reconoce la soberanía de Ceuta y Melilla.

Las repatriaciones se registraron a mediados de agosto de 2021 con la intención de devolver a Marruecos a 145 menores de los más de 800 que poblaban la ciudad desde mayo, cuando unas 12.000 personas cruzaron la frontera azuzadas por las autoridades alauís. Un juzgado Contencioso paró el proceso y finalmente, la Administración fue condenada por repatriar sin garantías.

Deu insiste en que se buscaba gestionar una situación excepcional y la mejor respuesta, a su parecer, era utilizar ese convenio para enviar a los menores con sus familias. La delegada del Gobierno está citada por este mismo asunto el día 15.