Puigdemont apunta a un error de traducción del abogado del TJUE para impedir su entrega a España

En su dictamen, Richard de la Tour consideró que Bélgica no puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir órdenes europeas de entrega, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

El letrado del TJUE analizó en sus conclusiones la decisión marco que fija las reglas de las euroórdenes y sobre cuya interpretación gira la cuestión prejudicial presentada por Llarena. Pero ahora la defensa del 'expresident' ha detectado un fallo de traducción en una nota a pie de página en el escrito de De la Tour, tal y como avanzó 'El Confidencial' y han confirmado fuentes jurídicas a este diario.

Así, mientras la versión inicial indicaba que «nada de lo dispuesto podrá interpretarse en el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea», la corrección cambia el sentido del dictamen a: «nada de lo dispuesto podrá interpretarse como una prohibición de rechazar la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea».

Fuentes el TJUE consultadas por ABC subrayan que el error no tiene ninguna incidencia sobre la extradición de los fugados, ya que será el tribunal el que deberá emitir un dictamen, y recuerdan que el escrito del abogado general no es vinculante. A pesar de ello, es habitual que se pronuncie en el mismo sentido.

Con su dictamen, el abogado general se mostró en sintonía con el instructor del 'procés', quien, en marzo de 2021, dirigió una cuestión prejudicial al TJUE e después de que la Justicia belga rechazase la extradición del exconsejero Lluís Puig al considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en lugar del Supremo y que de ser entregado a España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Supremo, como las razones para denegar la ejecución de dichas euroórdenes.