Los fugados del 'procés', cada vez más solos, pierden el relato del 1-O con la vuelta de Anna Gabriel

Aquellos 'exilios' pusieron de manifiesto que no existía, no existió nunca como se ha demostrado con el tiempo, unidad de acción del movimiento político independentista catalán, por más que este era, y sigue siendo, uno de los 'leitmotiv' que sostienen su relato. Rovira y Gabriel tomaron el camino de Suiza meses después de que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret se instalasen en Bélgica. Fue el 30 de octubre de 2017, solo unas horas después de declarar, por segunda vez, la independencia de Cataluña desde la cámara autonómica catalana.

Tampoco Bélgica fue lugar para coordinar las actuaciones del 'exilio' y Serret (ERC) fue desmarcándose de los de Junts (Comín empezó en ERC y ahora está vinculado al Consell per la República) hasta que en marzo de 2021 se presentó en Madrid y el Supremo la dejó en libertad, con cargos. Lo hizo asesorada por el mismo abogado que ahora se encarga de Gabriel, Íñigo Iruin. Serret es diputada autonómica. Puigdemont, Ponsatí (con residencia en el Reino Unido) y Comín fueron elegidos eurodiputados (febrero de 2020) y Puig es director del Programa para el Desarrollo de Proyectos Culturales de Ámbito Internacional de la Generalitat.

El caso de Rovira siguió otros derroteros. Elegida secretaria general de ERC en 2011, no dejó el cargo orgánico del partido pese a huir del país. Desde Ginebra compagina ser la 'número dos' del partido –con su correspondiente remuneración–, que preside Oriol Junqueras y colidera Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, con tímidos intentos de lobista independentista en uno de los lugares del mundo más adecuados para este tipo de prácticas.

Al sálvese quien pueda de los fugados, a la hora de afrontar su situación personal, se suma ahora, tras la regularización ante la Justicia de Gabriel, la caída del relato de 'la represión' de España contra el movimiento independentista, por serlo, y no por sus hechos, cuando estos son delictivos.

La exdiputada de la CUP vino a España el martes, 19 de julio, y el magistrado instructor del caso del 'procés', Pablo Llarena, la dejó en libertad. Sobre ella no recae ningún delito que conlleve penas de prisión. Entonces, ¿por qué se fugó en 2018? Nadie lo sabe y nadie lo entiende. Gabriel vino, firmó ante Llarena y se volvió a Suiza, dejando un número de teléfono y una dirección, para cuando se la llame a declarar de aquí a unos días. Pasó lo mismo con Serret en 2021.

El caso de los cuatro de Bélgica y Rovira no es extrapolable. La secretaria general de ERC, como Gabriel, también se fugó a Suiza, pero está procesada por un delito de rebelión y, en caso de pisar España, sería detenida e ingresaría en prisión provisional. En cambio, la anticapitalista nunca podría haber entrado en la cárcel, al estar acusada de desobediencia, que solo conlleva penas de multa e inhabilitación.

Por su parte, Puigdemont, Ponsatí y Comín están procesados por sedición además de por malversación de caudales públicos. No así el exconsejero Lluís Puig, sobre el que solo pesa este último ilícito, además del de desobediencia. En caso de regresar a España, también serían arrestados e ingresarían en prisión preventiva.

Después de que la Justicia belga denegase la extradición del 'expresident' y el resto de huidos, su entrega está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El pasado 14 de julio, su abogado general dio la razón a Llarena y apuntó que los tribunales del país al que se fugaron no pueden rechazar su entrega basándose en el riesgo a que se violen sus derechos fundamentales, si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

Se trata de una opinión no vinculante, a la espera de que el TJUE emita una sentencia en los próximos meses, pero sí clave, ya que insta a Bélgica a extraditar a Puig y su caso marcará la evolución del resto de encausados.

La posición del abogado general se refiere a la pregunta prejudicial que había planteado el Supremo, para tratar de que la Justicia europea defina el campo en el que los tribunales de otro país pueden negarse a ejecutar una euroorden, como había sucedido en Bélgica y Alemania con el caso de Puigdemont y otros exconsejeros.

Sobre la mesa también está una posible reforma del delito de sedición, que rebajaría las penas a los fugados, aunque, por el momento, el Gobierno la ha dejado aparcada. De hecho, tras la última reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, el presidente catalán aseguró contar con el visto bueno de Moncloa para «desjudicializar» el 'procés', mientras fuentes del Ejecutivo lo negaron. Según las mismas, durante el encuentro ni si quiera abordaron el pronunciamiento del abogado del TJUE.