El abogado del TJUE da la razón a Llarena sobre las euroórdenes

Se trata de una opinión no vinculante, a la espera de que el TJUE emita una sentencia en las próximas semanas, pero sí clave, ya que el abogado general insta a Bélgica a extraditar al exconsejero Lluís Puig y su caso marcará la evolución del resto de encausados, entre ellos, Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia en 2017.

La posición del abogado general se refiere a la pregunta prejudicial que había planteado el Tribunal Supremo español, para tratar de que la justicia europea defina el campo en el que los tribunales de otro país pueden negarse a ejecutar una euroorden, como había sucedido en Bélgica y Alemania con el caso de Puigdemont y otros exconsejeros independentistas.

La publicación de la opinión del abogado general en este caso, que suele anticipar el sentido de la decisión que dictarán posteriormente los jueces de Luxemburgo, coincide además con una sentencia firme publicada también esta mañana sobre un caso de orden de entrega entre Francia e Italia en la que se especifica además que el hecho de que la definición de los delitos que se atribuyen a los reclamados sea diferente en los dos países tampoco es un argumento para justificar la denegación de la entrega.

El abogado general también ha afirmado que el tribunal que debe aplicar la orden de detención no está habilitado para controlar si la autoridad judicial que emite esa orden en el país de origen es competente o no para ello, como ha dictaminado la justicia belga, puesto que ello «contravendría el principio de autonomía procesal, conforme al cual los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la autoridad judicial competente para dictar esa orden de detención».

En resumen, el abogado general insiste en que «en virtud del principio de reconocimiento mutuo», «la ejecución de las órdenes de detención constituye la regla, mientras que la denegación se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta».

El expresidente de la Generalitat está procesado por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que fue condenado su vicepresidente, el republicano Oriol Junqueras, pero dado que Puigdemont se fugó de España tras el referéndum ilegal del 1-O, cuando supo que la Fiscalía General del Estado se querellaría contra él por el delito de rebelión, evitó sentarse en el banquillo como sí hicieron los líderes independentistas ahora condenados.

Fue tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores de la votación, cuando el instructor Pablo Llarena emitió una orden europea de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Lluis Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Antoni Comín, también fugados.

Tanto Puig como Puigdemont establecieron su residencia en Bélgica y el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó entregar al primero por el delito de malversación por el que estaba procesado en respuesta a la euroorden de Llarena.

Por este motivo, el instructor elevó al TJUE una cuestión prejudicial para que determinase si los jueces belgas interpretan de forma correcta el derecho comunitario al resolver las euroórdenes de detención de los prófugos. La intención de Llarena es que el tribunal limite las posibilidades de Bélgica de rechazarlas.

Tras conocer la decisión del abogado del TJUE, Puigdemont ha recalcado que lucharán «hasta el final». A través de sus redes sociales, el expresidente catalán se ha mostrado decepcionado, y ha indicado que observa «claras contradicciones» entre la opinión emitida este jueves con la jurisprudencia reciente del mismo del mismo tribunal, que confía se resolverán cuando éste emita una sentencia.

«En cualquier caso, tendremos que recorrer un camino que ya hemos recorrido antes, con más experiencia que antes. Lucharemos por cada derecho y por cada opción. Hasta el final. Y sin rendirnos, sin renunciar», ha subrayado Puigdemont.

El expresidente catalán ha asegurado que tienen identificados todos los escenarios posible y que saben qué deben hacer en cada ocasión, partiendo del más favorable hasta el más desfavorable.

Por su parte, el PP ha celebrado que el letrado general del TJUE haya dado la razón a la Justicia española sobre la euroorden frente a Bélgica, abriendo así el camino para la entrega de Puigdemont. A su entender, según la portavoz del partido en Bruselas, Dolors Montserrat, es «muy buena noticia para los demócratas frente a los prófugos» y espera que el tribunal se pronuncie en la misma dirección y dicte sentencia pronto.

También la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha tildado de «buena noticia» el pronunciamiento, que considera «un pasito más» para que los huidos puedan enfrentarse a la Justicia española a «rendir cuentas por sus fechorías».

Por el contrario, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha tildado de «mala noticia» el varapalo a los fugados. «Todo lo que no ayude a desjudicializar el conflicto político en Cataluña no es una buena noticia. Pensamos que el conflicto se va a resolver mediante diálogo y soluciones democráticas», ha manifestado.

Mientras que su homóloga de la CUP, Mireia Vehí, ha señalado que su formación espera a ver que «traslación» tiene sobre la sentencia de los encausados por el 'procés' la decisión del abogado, y ha reclamado «no dar cobertura a la doctrina» de Llarena.