Vox, Cs y PP llevan al Consejo de Garantías Estatutarias el decreto ley del Govern que trata de impedir el 25%

Los tres grupos, según han confirmado a ABC fuentes oficiales de todos, firmarán la petición de dictamen al CGE, ya que por separado no cumplen los mínimos para poder hacerlo, y se sumará al que ya presentaron ante el mismo órgano consultivo regional Vox, Cs y PP (conjuntamente) y que, este sí, paralizó la aprobación exprés de la ley de lenguas oficiales , que además de ERC y Junts suscribieron PSC y los comunes. El CGE hará público su opinión sobre esta norma esta misma semana y la ley se aprobará en el pleno de la semana que viene, si no hay cambios de última hora.

El texto del decreto ley 6/2022 es la base del argumento utilizado por la Consejería de Educación para alegar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «imposibilidad legal» para acatar y cumplir la sentencia de diciembre de 2020 del mismo tribunal autonómico y que ayer finalizó el plazo de ejecución forzosa fijado por el TSJC. Desde hoy, todos los colegios y los institutos de Cataluña deben impartir el 25% de sus clases en español incluyendo, al menos, una asignatura troncal o análoga en español.

Inés Arrimadas, líder de Cs, ha señalado que el acuerdo para presentar al CGE la petición de un dictamen sobre el decreto ley es «una buena noticia para las familias catalanas» y fuentes de Vox han apuntado a este diario que, además, llevarán el decreto ley ante el Tribunal Constitucional «para pedir su anulación». Una anulación, o al menos una suspensión, que hace solo unas horas reclamaban desde las filas del partido liberal al Gobierno, pues un recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez sí paraliza la aplicación del decreto ley.

Por su parte, desde el PP también apuntaron este martes que elevarán la queja ante el Alto Tribunal. Lorena Roldán, diputado popular en el Parlamento autonómico, indicó que « vamos a luchar para que la sentencia se cumpla y para defender los derechos de los de los niños y el futuro de nuestros jóvenes». Y acusó al Govern catalán de llevar a cabo «una prevaricación» a la hora de aprobar un decreto ley que tiene como único objetivo incumplir una sentencia firme. El CGE tiene doce días, al ser un decreto ley el impugnado, para responder a la solicitud de Vox, Cs y PP.

Además de esta actuación conjunta de los tres partidos, Cs, con Arrimadas y el líder de la formación liberal en Cataluña, Carlos Carrizosa, al frente, han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por desobediencia, una vez se ha cumplido el plazo de la ejecución forzosa del fallo del 25% ordenado por el TSJC y la inacción por parte del responsable del departamento de enseñanza. Tras registrar la denuncia, Arrimadas ha acusado a Gonzàlez-Cambray de «estar actuando como un matón».